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La propuesta de la diputada panista no es otra cosa más que una herramienta para seguir obstaculizando que las mujeres accedan al aborto legal. 

Por Katia Rejón y Lilia Balam

Mérida, Yucatán 30 de septiembre de 2019.-Hace unos días, el Congreso de Oaxaca nos dio varias lecciones al despenalizar el aborto y también nos hizo soñar: ver al menos a cuatro diputadas debatir con argumentos sólidos para dar luz verde a una iniciativa en favor de los derechos de las mujeres es algo que en algunas tierras, como la nuestra, pareciera solo un imaginario.

Y es inevitable comparar con el trabajo legislativo local. Por ejemplo, en las elecciones venideras será recordada la actitud entusiasta de la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama cuando se trata de quitar o bloquear derechos humanos. Su llegada no fue precisamente por elección popular, y sus acciones y omisiones dejan ver la poca preparación que tiene para representar a la población en el Congreso, así como su falta de empatía y conocimiento del panorama social de Yucatán.

No conforme con hacer público su rechazo hacia la reforma que permitiría el matrimonio igualitario en el estado, a principios de este mes la legisladora tuvo la audacia de presentar una iniciativa para expedir la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán, y para reformar la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que no es otra cosa más que una herramienta para seguir obstaculizando que las mujeres accedan al aborto legal.

En la exposición de motivos apela a la idea general y ambigua del “respeto a la vida desde la fecundación” y cita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organismos de gran peso en los marcos jurídicos.

Sin embargo, no hace ninguna distinción entre persona nacida y gametos fusionados sin personalidad jurídica, cosa que la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas (ONU) e incluso la propia SCJN sí hacen. Es más, dichos organismos reconocen el aborto como un derecho reproductivo de las mujeres.

Durante toda la iniciativa hace énfasis en la fecundación, la vida de los no nacidos y la importancia de proteger a la Familia (así, con mayúsculas y todo) porque es la institución “donde se cimientan las sociedades” y la “célula básica” de la misma.

Decir que la familia es importante porque transmite valores, es un aforismo poco creíble cuando leemos que la mayoría de los abusos y violaciones sexuales ocurren en el seno de la misma, la mayoría de mujeres adquieren VIH por sus parejas, al menos 178 mil 561 fueron víctimas de violencia doméstica en el país el año pasado y la tercera parte de las madres en México son abandonadas por sus parejas.

En la propuesta, se menciona que hay una obligación de “construir y generar políticas públicas que hagan exigibles y efectivos los derechos de las mujeres y de sus hijos” y en eso le concedemos la razón.

De hecho, aquí van unos datos para que comience a hacer esa política pública: mueren 47 mil mujeres al año en todo el mundo por abortos inseguros; Yucatán ha ocupado el segundo lugar en casos de abuso sexual infantil; del 2007 al 2017, un total de 28 mujeres yucatecas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para practicarse un aborto en una clínica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ya que ahí sí están reconocidos sus derechos; sólo la mitad del personal médico en el estado puede atender a mujeres víctimas de violación de acuerdo al protocolo de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046; en el país, del 2007 al 2016 fueron procesadas penalmente cuatro mil 246 mujeres por abortar y un número incontabilizado de ellas tuvo un aborto espontáneo. 

En Yucatán tenemos un caso emblemático de injusticia con Evelia, mujer maya de Tixméhuac que fue acusada por homicidio en razón de parentesco y encerrada una década, tras un aborto espontáneo que además fue producto de una violación.

Así que sí, diputada, está obligada a construir y generar políticas públicas que hagan exigibles y efectivos los derechos de las mujeres.

Después, confiesa que las mujeres sufren embarazos adolescentes, embarazos de riesgo y prematuros, abortos mal practicados, pobreza, mala educación, desigualdad, y falta de orientación en información, y demás situaciones que han sido argumentadas en la lucha del aborto legal.

Todavía así se atreve a expresar que “se ha demostrado que la despenalización del aborto ha sido un fracaso porque el aborto sigue siendo la quinta causa de muerte materna”. ¿No sabe que la Ciudad de México es el único estado que alcanzó la tasa cero de muerte por aborto a partir de esta política pública? ¿Cómo se atreve a acusar al único estado de los treinta y dos de ser el culpable de todos los males relacionados con la maternidad forzada? ¿No será más bien porque no se ha despenalizado en otros treinta estados?

Por otro lado, parece magnífico que algunos puntos de su iniciativa propongan reducir las estadísticas de muerte infantil. ¿Tendrá en cuenta que en países de ingresos bajos y medianos, los productos de madres menores de 20 años tienen un riesgo de muerte 50 por ciento superior al de mujeres de 20 a 29 años? Incluso los recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar bajo peso al nacer. Y cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé; además que las complicaciones en el embarazo son la mayor causa de muerte en adolescentes.

Así como planea ofrecerles una red de apoyo y posibilidad de adopción, ¿les brindará la alternativa de un aborto legal, seguro y gratuito? Tenemos nuestras dudas, pues en el capítulo cuarto de su Ley de Protección a la Maternidad y a la Infancia Temprana se propone que las mujeres embarazadas tengan derecho a “no ser inducidas o presionadas a abortar en caso de presentarse alguna complicación en el desarrollo de su hijo”.

¿Eso significa que se sancionará de alguna forma a quienes brinden información a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos? ¿No fungirá ese “derecho” que propone como una barrera para que las mujeres accedan a lo que les corresponde por ley?

Pero eso no es todo. Como si se tratara de una distopía o una película de ficción, y en un ejercicio total de persecución y, a todas luces, de criminalización, Díaz Lizama pretende crear una Red a la que el personal médico notificará cada vez que tenga conocimiento de que alguna de sus pacientes se encuentra embarazada. Además, los galenos estarán obligados a contar con un archivo para registrar a las mujeres en gestación que “detecten”.  

Esto en el país en el que precisamente los médicos son quienes denuncian a las mujeres por abortar y el sistema de salud ya es un calvario para ellas, por los obstáculos a sus derechos sexuales y la humillación de la que son objeto cuando abortan o dan a luz.

La iniciativa es tan tendenciosa que se establece la creación de un Programa Integral de Apoyo a las Mujeres Embarazadas, el cual brindaría asesoría sobre los organismos y servicios a los que puede acceder la mujer embarazada, siempre y cuando sea para el desarrollo de la gestación. No vaya a ser que le digan a la mujer que tiene derecho a interrumpirla.

Finalmente, llama la atención que muchos de los artículos propuestos implementen medidas a las que supuestamente ya tenemos derecho.  ¿O es que la Ley Estatal de Salud y las instituciones para niños, niñas y mujeres no son suficientes? ¿No hacen bien su trabajo?

Se plantea la creación de una Red de Protección a Mujeres Embarazadas para garantizar el acceso al derecho a la salud (¿no lo tenemos ya?), defensa legal (¿para qué?) y protección (¿de quién o qué?).

¿Estos derechos no son garantizados por la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (Codhey) y la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE)? ¿Nos está diciendo la licenciada que estas instituciones, tanto autónomas como del gobierno panista, no están haciendo bien su trabajo y necesitan de una ley?

Pareciera que con esta propuesta se quitan más derechos de los que se están dando. Si hay tanta motivación para apoyar a las mujeres y a los no nacidos, siempre existe la opción de crear una asociación civil para hacerlo, no es necesario jugar con los derechos sexuales, políticos y reproductivos que tanto ha costado a las mujeres obtener. 


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