Tras las disposiciones anunciadas por las autoridades yucatecas en la actual contingencia sanitaria, la organización Reinserta recalcó que una decisión política no necesita ir acompañada de amenazas de sanciones. 

Por Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 23 de abril de 2020.- Amenazar con meter a las personas a la cárcel o sancionarlas, como medida de prevención de contagios del Covid-19, es absurdo e inviable, aseguró Fernanda Dorantes Arteaga, directora y fundadora de Reinserta, organización dedicada a implementar acciones contra la delincuencia y la violencia en México. 

Cuestionada sobre las medidas punitivas anunciadas en Yucatán desde que inició la contingencia, como multar y apresar a quienes tengan síntomas de la enfermedad y no respeten el aislamiento, así como sancionar a quienes no usen cubrebocas, la abogada reiteró que cualquier acción que tienda a la criminalización de la esfera de la vida social en un contexto como el de la actual pandemia no es oportuna, viable o idónea. 

“Nunca será una buena determinación, hablando incluso hasta de la debilidad del Estado: una decisión política no necesita ir acompañada de ese tipo de amenazas”, sostuvo. 

Por el contrario, indicó, son necesarias las preliberaciones en los centros penitenciarios en los cuales ya se ha detectado personas con el virus, como en el caso del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, pues ante el abandono del sistema penitenciario en el país, los brotes en las prisiones podrían generar serios problemas de salud y seguridad.  

“Una vez que reduces tu población vulnerable, tu población en cárcel, es más fácil optimizar los recursos para implementar estrategias sanitarias, eficaces y suficientes”, apuntó Dorantes Arteaga.

Como se sabe, ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que a partir de mañana viernes será obligatorio que todas las personas usen cubrebocas en Yucatán, de lo contrario, podrán hacerse acreedoras a multas.

También señaló que la Policía Estatal permitirá que únicamente una persona pueda viajar por vehículo particular, además de que cerrarán las calles y avenidas “no esenciales”.  

Por su parte, la Consejería Jurídica dio a conocer que las sanciones para quienes no cumplan con estas nueves medidas pueden ser amonestación, multas de hasta 43 mil pesos y arresto administrativo hasta por 36 horas, de acuerdo con los artículos 302 y 307 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán.

Para el caso de los negocios que no respeten las nuevas medidas, aplican las mismas sanciones y la clausura del lugar, señaló la dependencia.

Ayer mismo, antes de que el Gobierno de Yucatán diera a conocer estas medidas punitivas, la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) hizo un llamado a las autoridades a garantizar la libertad de tránsito y el respeto a los derechos humanos en la implementación de medidas de prevención de contagio en la entidad.

“Si bien, es cierto que ha sido decretada una emergencia sanitaria para proteger la salud pública y evitar una propagación y contagio que ponga en grave riesgo a la sociedad, no por ello deben establecerse restricciones o límites a los derechos humanos, sin la observancia de la ley, o bien, que en forma desproporcionada impliquen una vulneración innecesaria, no justificada y por una temporalidad indeterminada”, precisó el organismo.