Se les aplicará la Ley 3 de 3 a los aspirantes a ocupar las vacantes de los organismos internos de control de la Codhey e Inaip.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 31 de octubre de 2022.-Por primera vez en las convocatorias para elegir contralores, el Congreso del Estado estableció en los que requisitos que los aspirantes cumplan con la Ley 3 de 3, es decir, que no cuenten con antecedentes penales por violencia familiar o de género, y que no sean deudores alimentarios de sus hijos.

Así lo recalcó el presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda, quien señaló que de esta manera se garantizará que ningún agresor de mujeres ocupe las vacantes de los organismos internos de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) y del Instituto Estatal de Transparencia (Inaip).

“Ningún deudor alimentario, ningún violentador de género puede ocupar cargos públicos o espacios en el servicio. Por primera ocasión estas iniciativas incorporan esta figura y la vuelven una realidad en defensa de los derechos de las mujeres de Yucatán. No van a tener oportunidad, no van a tener acceso al puesto de organismo interno de control, ni de la Codhey ni del Inaip, y esperamos que ya se vuelva una regla”, enfatizó.

Agregó que el Congreso tiene que legislar en ese sentido y dijo que hay buena voluntad de todos los partidos políticos para incorporar el requisito de la Ley 3 de 3 de manera definitiva en todas las convocatorias.

“Es un blindaje que se le da a quien vaya a aspirar a estos cargos para que no puedan tener acceso a ellos ningún tipo de deudor alimentario, ni gente que tenga antecedentes como violentador de género”, sostuvo Lozano Poveda.

El coordinador de la bancada panista recordó que ambas convocatorias ya están abiertas,  por lo que los interesados en dichos puestos tienen que cumplir con todos los requisitos y acudir a las audiencias en el Congreso.

El legislador subrayó que es la primera vez, desde que se aprobó la Ley 3 de 3,  que en una convocatoria ya se aplica, hecho que catalogó como un  “antecedente histórico a nivel nacional”.

Abundó que los candidatos a contralores deberán presentar una carta de antecedentes no penales para corroborar que no fueron denunciados ni sentenciados por violencia familiar o de género, y que tampoco sean deudores alimentarios.