Activistas y feministas protestan para ser atendidas por el gobernador en una audiencia en la que aborden temas relacionados con la prevención de la violencia de género.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 8 de mayo de 2025.- Han pasado tres meses sin respuesta a su solicitud de audiencia y un grupo de activistas y académicas presentó la solicitud de un amparo y realizó una serenata simbólica frente a Palacio de Gobierno, con el objetivo de exigir una reunión con el gobernador Joaquín Díaz Mena. Las integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán recuerdan que, durante su campaña, el hoy mandatario firmó una agenda a favor de los derechos de las mujeres, pero hasta ahora, aseguran, no ha habido un diálogo efectivo con su administración.

“Lo que pedimos es diálogo, no represión. No venimos a provocar, venimos a que se nos escuche”, señaló la activista Nancy Walker, quien además recordó que durante la última manifestación del 8 de marzo fueron desalojadas con gases lacrimógenos.

“Queremos una política pública estructurada, no promesas de campaña”, añadió la activista durante la serenata en la que interpretaron su versión de la canción “Quizás, quizás, quizás”.

Ante esto solicitaron ante el Juez de Distrito en turno del Decimocuarto Circuito un amparo para que las exigencias relacionadas con hechos de violencia de género sean atendidas por el Gobierno del Estado.

Entre los principales temas pendientes señalaron la necesidad de fortalecer el Banco Estatal de Datos sobre Violencia (BAESVIM), cuya actualización es clave para diseñar políticas públicas eficaces. Advirtieron que el subregistro de casos —especialmente en municipios y comunidades mayas— impide una correcta planeación y respuesta institucional. También alertaron sobre la falta de información sobre la transición al nuevo sistema nacional de datos, lo que podría dejar fuera registros de algunas dependencias.

Otro tema prioritario para las organizaciones es la prevención del abuso sexual infantil y el embarazo en adolescentes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2022 y 2023 se registraron 3 mil 99 embarazos en menores de 18 años en Yucatán, la mayoría en zonas rurales. Ante el posible desmantelamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), pidieron garantizar políticas integrales con enfoque comunitario y culturalmente pertinente.

De igual forma, denunciaron el aumento de los delitos sexuales en el estado. En el primer semestre de 2024 se reportaron 98 casos, lo que representa un incremento del 13.95% respecto al año anterior. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y niñas, quienes además enfrentan barreras para denunciar por la cercanía con el agresor y la impunidad institucional.

Las representantes del Frente, entre ellas Gina Villagómez Valdés, Ligia Vera Gamboa, Milagros Herrero Buchanan, Bertha Elena Munguía Gil, Nancy Walker Olvera, María Teresa Munguía Gil, Adelaida Salas Salazar, Leticia Murua Beltrán, también solicitaron una revisión urgente a los perfiles del personal que atiende la violencia de género en la administración pública, la aplicación efectiva de la NOM-046 sobre atención a víctimas, y claridad sobre el futuro de los Centros de Atención a Mujeres en los municipios, conocidos anteriormente como Centros Violeta.