El diputado Manuel Díaz Suárez niega que la iniciativa viole derechos humanos de la niñez; pide que sean las y los ministros quiénes la discutan.   

Por Herbeth Escalante.

Mérida, Yucatán, 15 de noviembre de 2018.- Ante la controversia de que supuestamente la recién aprobada Ley de Salud Mental de Yucatán viola los derechos humanos de niñas y niños, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Manuel Díaz Suárez declaró que no tiene ningún inconveniente en que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que atraiga el tema o, en su caso, retire algunos artículos que generen dudas.

Hace unos días, la directora General del Consejo Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres, llegó a Mérida para denunciar públicamente que dicha legislación es violatoria de la integridad de las y los menores de edad, pues plantea la posibilidad de internarles en el Hospital Psiquiátrico e incluso intervenirles quirúrgicamente.

La funcionaria federal también señaló que probablemente existen intereses económicos detrás de esta Ley, para que “laboratorios realicen investigaciones científicas sin protocolos en niños y niñas en el Psiquiátrico”, sostuvo.

Tras estas interpretaciones y sospechas, González Torres presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que actúe, investigue y, posteriormente, presente un recurso ante la SCJN. La intención es invalidarla, es decir, declarar su inconstitucionalidad antes de que entre en vigor el próximo 9 de enero.

Al respecto, Díaz Suárez negó que la la Ley de Salud Mental, aprobada en agosto, viole los derechos humanos de las personas; asimismo, descartó que compañías farmacéuticas estén detrás de ésta, por lo que consideró como graves las declaraciones de la directora.

“Son interpretaciones de ella, ya procedió, se manifestó, irrumpió en el Congreso, exigió se le escuchara, dio ruedas de prensa, repartió documentos e inició una campaña fuerte en redes sociales para hablar mal de la ley y de las personas que estuvieron involucradas… está con todo, pero no hay problema, que lo haga”, criticó.

El diputado panista dijo que ya le corresponderá a la CNDH valorar si se está atentando contra las y los menores y, en su momento,el Poder Judicial haría el análisis correspondiente sobre los artículos que presuntamente son violatorios a las garantías individuales.

En ese sentido, agregó que hay que dejar el asunto en discusión de especialistas, es decir, de las ministras y los ministros de la Corte, en lugar de seguir cayendo en acusaciones o difamaciones. “Y si en algún momento indican que algún artículo de la Ley se pueda prestar para una interpretación de esa naturaleza, tal vez lo que pudiera suceder es que retiren aquellos que consideren, y yo no veo problema alguno”, insistió.

Eso sí, consideró que sería lamentable que se invalide toda la iniciativa legislativa, como exige González Torres. Recalcó que ésta nunca ha tenido mala intención y que siempre buscó respetar la dignidad humana, fomentar la salud mental en Yucatán y dotar de herramientas al gobierno para que implemente políticas públicas.