La propuesta de la panista Rosa Adriana Díaz plantea cooptar y vigilar a las mujeres embarazadas para que no aborten, lo que va en contra de sus derechos reproductivos, advierte Unasse. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 26 de septiembre de 2019.- Mientras que en Oaxaca se aprobó un dictamen de ley para despenalizar el aborto, en el Congreso de Yucatán se discutirá una iniciativa, enviada por la panista Rosa Adriana Díaz Lizama, que busca cooptar y vigilar a las mujeres embarazadas para que no interrumpan su embarazo, lo que significaría una criminalización de éstas porque el Estado podrá detectar quienes sí decidieron abortar.

Así lo indicó la abogada de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, quien advirtió que dicha propuesta buscaría darle más fuerzas a grupos antiderechos que formarían parte de una “red de apoyo” para acompañar a las yucatecas gestantes. 

Se trata de la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana, que supuestamente busca dar servicios y cuidados de salud pero, sobre todo, un seguimiento más cercano a los embarazos.

“Tiene su trasfondo, esta iniciativa es una forma sutil de impedir que las mujeres ejerzan su derecho de interrumpir el embarazo. Por eso plantea un consejo estatal de la Mujer y Bienestar Social, así como una red con organizaciones públicas y privadas para dar seguimiento a esta Ley”, apuntó.

Ojeda Sosa, quien ha analizado el documento de Díaz Lizama, criticó que se propone que el personal médico tienen que registrar y dar aviso de todas las mujeres embarazadas que atiendan o detecten, lo que se interpreta cómo una manera de cooptarlas y darles seguimiento con la intención de que no aborten. 

“Es una forma de estar vigilando a las mujeres y criminalizarlas en el caso que decidan interrumpir su embarazo”, señaló la abogada, quien recordó que en 2009 se aprobó una ley para “proteger la vida desde la concepción” en la entidad, por lo que esta nueva iniciativa vendría a fortalecerla para impedir que las yucatecas ejerzan sus derechos reproductivos.

Como se sabe, el Código Penal actual establece cinco excepciones para no sancionar a las mujeres que aborten en la entidad: 1) cuando sea causado por acto culposo, 2) cuando la gestación sea producto de una violación, 3) cuando el feto presente malformaciones congénitas, 4) cuando la vida de la madre corra riesgo, y 5) cuando ésta se encuentre en una condición económica precaria y ya tenga tres hijos.

No obstante, la propuesta enviada por Díaz Lizama iría en contra de esas causales, pues de manera sutil propone que el Estado está obligado a evitar que interrumpan su embarazo, privilegiando el derecho a la vida.

“Por ejemplo, en el artículo 14 dice que el Estado debe brindar protección a la maternidad aún en el caso de que el embrión sea inviable o padezca alguna malformación congénita. En ese punto, podemos entender que se invalidaría la causal de interrupción del embarazo por causas eugenésicas graves, pues si voy al médico en lugar que me diga que sí puedo abortar, el Estado va a estar obligado a dar toda la atención posible para que no aborte”,  sostuvo Amelia Ojeda.

Además, en el artículo 6 indica que el médico, ya sea de servicio de salud público o privado, tendrá la obligación de informarle a la mujer embarazada de la existencia de la red que la apoyará en el desarrollo de su gestación, parto e infancia temprana de la hija o hijo. Se trata, pues, de darle más herramientas a grupos conservadores antiderechos que se oponen al aborto, los cuales formarían parte de ese consejo.

Recalcó que esa iniciativa, enviada a principios de septiembre, no es necesaria, pues el Gobierno de Yucatán tiene su Ley Estatal de Salud, además de que existe el Sistema Nacional de Salud, el cual cuenta con los lineamientos para atender y dar seguimiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

“Por eso no es necesaria, lo que está buscando es cómo ir detectando a las mujeres para evitar que interrumpan su embarazo. Si hoy tienen conocimiento que estás embarazada pero dentro de otras semanas ven que ya no lo estás, entonces te preguntarán qué pasó y te pueden criminalizar”, explicó. 

La abogada de Unasse señaló que es lamentable que existan funcionarias, como Díaz Lizama, que en lugar de velar por los derechos de las personas y buscar que éstos se garanticen de la mejor manera, en realidad están creando mecanismos legales, aprovechándose de sus puestos para hacer más difícil la vida a las mujeres.

“Claro, en la iniciativa la presentan muy bonito, como el cuidado de la maternidad, el derecho a la vida, interpretada desde sus ideas de cómo coaccionar a las mujeres. No se puede esperar otra cosa de una legisladora que precisamente está en ese puesto para impedir el ejercicio de derechos”, agregó.