Se ratificó que sus demandas en contra del Congreso recaen en derecho parlamentario y no pueden ser atendidas en tribunales electorales.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 12 de junio de 2024.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo por medio del cual el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) determinó ser incompetente para conocer diversas controversias reclamadas por la diputada sin partido, Fabiola Loeza Novelo, ya que se tratan de actos atribuibles al derecho parlamentario, es decir, no son del ámbito electoral.

La mencionada legisladora promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos de la Ciudadanía, marcado en el expediente SX-JDC-539/2024, con la finalidad de revertir dicha resolución del Tribunal yucateco.

Ella reclamaba que el TEEY resolviera diversas controversias que supuestamente cometió el Congreso del Estado en su contra, como violencia política en razón de género, que no se atendió el trámite de los Puntos de Acuerdo que presentó ante la Mesa Directiva, su derecho a la subvención y la asignación del emblema del partido con el cual aduce que comulga, es decir, Morena.

Sin embargo, la Sala Xalapa sentenció que efectivamente el TEEY no es competente para conocer dichas controversias, pues concluyó que son actos atribuibles a los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado inmersos en el derecho parlamentario, y por lo tanto, no son materia electoral.

Precisó que son conductas derivadas de procesos internos y administrativos atendidos en el derecho parlamentario, sin que trascienda en el ámbito de la función representativa de la diputada.

Como se sabe, Fabiola Loeza promovió dicho recurso luego de que el Congreso del Estado no le dio trámite a un Punto de Acuerdo que presentó hace unas semanas en pleno del Congreso para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social estatal que no intervenga en el proceso electoral.

Al no ser considerada su petición, argumentó que esa situación recae en un acto de violencia política en razón de género.