Tenían menos de seis años cuando fueron violentadas sexualmente y asesinadas en Izamal y Tahdziú, respectivamente, por hombres desconocidos. 

A la huella que dejan estos crímenes, sigue la búsqueda por parte de las familias para vencer la burocracia y quizás, con suerte, acceder a la reparación del daño.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 3 de marzo de 2020.- La niñas están en riesgo en esta sociedad misógina, están expuestas ante la violencia feminicida que sigue cobrando vidas. En Yucatán, se han registrado casos lamentables de feminicidio infantil que ponen en evidencia el odio que impera hacia las mujeres y del que sus familias, víctimas indirectas, nunca logran recuperarse. 

Con tan solo cinco años de edad, Frida Sofía fue víctima de feminicidio. No estaba en la calle a altas horas de la noche y tampoco vestía “inadecuadamente”, sólo dormía en su casa.  

Era la madrugada del 13 de mayo de 2012, cuando Eduardo D.D.M. y Manuel J.A.E., ambos de 22 años, ingresaron a robar a su vivienda ubicada en el municipio de Izamal. Pero sus “planes” cambiaron al ver a la pequeña.

No solo despojaron a la familia de algunos de sus bienes, también le robaron la vida e inocencia a Frida: la asesinaron a golpes y la violentaron sexualmente. 

Cuatro años después, en diciembre de 2016, los responsables del crimen fueron sentenciados a 35 y 15 años de prisión, respectivamente, por los delitos de robo calificado, violación equiparada y homicidio calificado. Sin embargo, una vez más, no se reconoció que se cometió feminicidio.

Ana Cristina tenía seis años cuando la mataron. Había ido a visitar a una tía y de regreso a casa fue interceptada por Carlos Felipe V.Y., quien la atacó sexualmente para después privarla de la vida.  

El brutal crimen ocurrió el 20 de agosto del 2018 en la localidad de Tahdziú. Esa vez el nombre de dicha comunidad maya no resonó, como en años anteriores, por ser una de las más  pobres de América Latina, sino porque la pequeña que había sido reportada como desaparecida fue hallada sin vida en el interior de un pozo.

Durante 24 horas, seres queridos, amistades y autoridades buscaron a Ana Cristina, sin embargo, de poco servirían estos esfuerzos. Estaba muerta y habían tirado su cuerpo a un pozo, fue víctima de la máxima expresión de la violencia de género.

Este fue el primer caso en donde el homicidio de una niña es reconocido como feminicidio en Yucatán. El culpable recibió una sentencia de 35 años en prisión. 

A la huella que dejan estos crímenes, sigue la búsqueda por parte de las familias para vencer la burocracia y quizás, con suerte, acceder a la reparación del daño, uno de los objetivos de la impartición de justicia. 

Al respecto, la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), Beatriz Zavala Peniche, indicó que las personas cuya vida ha cambiado por un delito como el feminicidio podrán acceder a este beneficio para mejorar su entorno.

“Quiero señalar que quienes están obligados a reparar económicamente el daño son los victimarios, es decir, los que tienen una sanción por cometer el delito, pero muchas personas que son sentenciadas no tienen los fondos suficientes para pagar y subsanar como corresponde y, bueno, el Estado sufre esta carencia”, explicó.

Precisó que en Yucatán solo seis personas han recibido la reparación del daño; se trata de víctimas indirectas de feminicidio, homicidio e incluso violaciones a derechos humanos. 

Uno de los requisitos para acceder a ello, sostuvo, es que exista una sentencia. En ese sentido, los casos que ya han sido subsanados son delitos que no se cometieron durante la actual administración estatal.