La Primera Sala decidió que resolverá si el Congreso del Estado violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario durante la votación de una iniciativa de ley en 2019.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 22 de julio de 2020.-Con tres votos a favor y dos en contra, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que resolverá si el Congreso de Yucatán violó el Pacto Federal al negarse a reconocer el matrimonio igualitario durante la votación de una iniciativa sobre el tema en 2019. 

Dada la relevancia del caso y al abordar temas novedosos, el máximo tribunal del país resolvería este juicio de amparo que pudiese concluir en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad, abriendo la puerta a que ocurra lo mismo en otras que se encuentran en la misma situación.

Como se recordará, tras el rechazo en abril del año pasado de una iniciativa para permitir el matrimonio igualitario en Yucatán, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias (Colectivo PTFY) presentó dicho juicio de amparo en contra del Congreso de Yucatán acusando que había violado el Pacto Federal, toda vez que la decisión violaba la jurisprudencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones legales entre personas del mismo sexo.

En la demanda, el Colectivo, conformado por personas de la comunidad LGBT+ y personas aliadas, señaló que la jurisprudencia de la SCJN indicaba una orden general a los Congresos locales de adecuar su legislación civil y familiar para garantizar que todas las parejas que constituyen una familia, independientemente de su conformación, puedan acceder a los distintos derechos que otorga la figura del matrimonio.

El activista Carlos Escoffié Duarte, parte del equipo legal del Colectivo PTFY, indicó que este caso podría tener un gran impacto no solo en Yucatán sino a nivel nacional. “Hay otros estados, como Querétaro, en los cuales los Congresos no han acatado esta jurisprudencia, por lo que si se gana el amparo, la Suprema Corte estaría confirmando que sus precedentes no solo obligan a jueces y juezas, sino también a Poderes Legislativos”, agregó. 

El Colectivo indicó que muy probablemente el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será designado para hacer el proyecto de sentencia, el cual será sometido a votación de la Primera Sala aproximadamente a finales de este año o a principios del 2021.