El alcalde de Progreso se excusó diciendo que la autoridad responsable de la expropiación del mencionado inmueble es el Gobierno del Estado, y negó que fue notificado de la medida cautelar emitida por el juez.

Por Claudia Arriaga 

Mérida, Yucatán, 9 de febrero del 2021.- Luego de que Haz Ruido dio a conocer que el Ayuntamiento de Progreso no respetó la suspensión provisional dictada por un juez federal para detener las obras del “Casino de Progreso” el alcalde Julián Zacarías Curi se desentendió del asunto al asegurar que no fue notificado de esta medida cautelar. Además, se excusó diciendo que la autoridad responsable de la expropiación del mencionado inmueble es el Gobierno del Estado y que por lo tanto, éste debió ordenarle frenar los trabajos de demolición y remodelación.

“El ayuntamiento de Progreso no tiene el carácter de autoridad responsable en este asunto, los responsables son el Gobierno Estatal y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. En caso de que el juez federal hubiera concedido una suspensión, la parte quejosa tendría que exhibir una garantía a fin de que la misma surtiera efecto, y en todo caso, el Gobierno del Estado tendría que notificar al Ayuntamiento sobre la petición de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, es decir suspender cualquier trabajo hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”, explicó el edil vía mensaje de WhatsApp.

Sin embargo, con la ampliación de la demanda, el Municipio de Progreso se volvió parte de las autoridades responsables por tomar posesión del sitio, es decir, debió frenar los trabajos. Además, de que sí fue notificado por la lista de acuerdos, informó el asesor legal de los propietarios del casino, Alfonso Dávalos Mena.

Cabe recordar que Raúl Lara Caro es uno de los propietarios que interpuso el juicio de amparo número 221/2020-IV en los Juzgados Segundo de Distrito, en el cual especificó que la sociedad civil de la que forma parte desde hace 20 años es aún la dueña del predio. 

Explicó que nunca fue requerido por la parte ordenadora y ejecutora, es decir, el Gobierno del Estado, para entregar la posesión del predio al Municipio de Progreso, pues esto tendría que haber ocurrido en términos de los artículos 11 y 12 de la Ley de Expropiación del Estado de Yucatán. 

Es importante precisar que en dos ocasiones del 2019, se interpusieron recursos de revocación contra los Acuerdos de Expropiación del predio 16/2019 y 19/2019, ambos publicados en el Diario Oficial del Estado. 

Por tanto, basado en la apropiación ilegal del inmueble y los trabajos de demolición y modificación de Casino,  el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Eduardo Leal Mota, ordenó detener los trabajos el pasado 26 de octubre.