Las fábricas de cochinos, ubicadas en Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida, no contaban con autorizaciones de impacto ambiental, no presentaban los resultados de sus descargas de aguas residuales, ni una adecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 27 de mayo de 2021.-La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró ayer cuatro grangas porcícolas en Yucatán por no contar con las autorizaciones de impacto ambiental federal y estatal, situación que ponía en riesgo el entorno y la salud de la población.

En su cuenta oficial de Twitter, la dependencia federal dio a conocer que colocó sellos de clausura en las fábricas de cerdos ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida por cometer diversas irregularidades.

La Profepa informó que al realizar las inspecciones en esas granjas detectaron que no contaban con las autorizaciones en materia de impacto ambiental. Precisó que las clausuraron por provocar afectaciones a la biodiversidad, no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y por una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos.

La instancia recalcó que realizaron estas visitas de inspección en atención a las denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales y miembros de 21 comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Al respecto, la asociación Equipo Indignación recordó que en el informe elaborado por Greenpeace, La Carne que está consumiendo al planeta, se menciona precisamente que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental 22 de las 257 granjas de cerdos identificadas en la Península de Yucatán. En el mismo informe se indica cómo 122 de estas fábricas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.

“Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola”, señaló la agrupación. 

Agregó que también es necesario que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos está la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento ante este tipo de megaproyectos que amenazan a su medio ambiente.