Se unieron a la movilización nacional para solicitar al presidente López Obrador y a todas las autoridades del país a que no queden impunes los asesinatos de comunicadores y que generen condiciones que garanticen su seguridad.

Además, demandaron que se esclarezca el intento de homicidio del periodista Jaime Vargas, así como las agresiones cometidas contra el fotoperiodista Ramón Celis, ambas ocurridas durante este primer mes del año en Mérida.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 25 de enero de 2022.- Periodistas de Yucatán se unieron a la movilización nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todas las autoridades del país a que no queden impunes los asesinatos de comunicadores y que generen condiciones que garanticen su seguridad.

Además, demandaron que se esclarezca el intento de homicidio del periodista Jaime Vargas, cuyo caso ya se encuentra denunciado ante las Fiscalías estatal y federal; así como las agresiones cometidas contra el fotoperiodista Ramón Celis, ambas ocurridas durante este primer mes del año en Mérida.

En un pronunciamiento que leyeron la y el periodista Lilia Balam y Oscar Rodríguez, lamentaron que tan sólo en lo que va del sexenio de López Obrador han sido asesinados 28 comunicadores y comunicadoras.

De igual forma, recordaron que en los primeros días de este 2022 ya van tres periodistas asesinados: José Luis Gamboa en Veracruz, y Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado en Tijuana.

“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad. Matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento”, señalaron.

Indicaron que en el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer la labor periodística. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades.

“En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social”, recalcaron.

Explicaron que durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.  Casos como el de Lourdes Maldonado, quien notificó públicamente al Mecanismo federal y estatal que temía por su vida, ponen en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados, sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.

​​“Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia mañanera a solicitarle a López Obrador ayuda por un juicio laboral que ganó recientemente contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Apenas celebraba este triunfo, cuando fue asesinada cobardemente”, precisaron.

De igual forma enfatizaron que en México los periodistas no cuentan con condiciones dignas para desarrollar su labor informativa en el día a día, por las pésimas condiciones laborales y la explotación del que son objeto.

“Tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos protejan de morir mientras mantenemos informada a la población. Todo esto mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias”, recalcaron.

“Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio, que no ha sido asumida. Ante este panorama, periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia. Estamos convencidas, convencides y convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad. Es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado”, señalaron.

Por último, sostuvieron que seguridad de las, les y los periodistas también es responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar todas las condiciones para ejercer su labor con dignidad y sin que su vida corra peligro.

 Además, solicitaron que se brinde justicia y protección a todas las compañeras y los compañeros que han sido víctimas de violencia, acoso, hostigamiento o amenazas por su labor.