Es la única institución de seguridad pública que no tiene aumento presupuestal; lo pondría “entre la espada y la pared”.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 27 de diciembre de 2018.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán catalogó como urgente la necesidad de contar con un presupuesto acorde con el crecimiento de sus responsabilidades y el número de asuntos que llegan a los juzgados, por lo que lamentó que con los recortes que plantea el gobernador Mauricio Vila Dosal en el Paquete Fiscal 2019 corre el riesgo de colapsar.

En un comunicado, se precisó que con un presupuesto menor, que no  considere la inflación prevista para este año, se pondrían en riesgo los servicios que brindan a la población yucateca y la estabilidad de su personal.

“Pero aún más nos obligaría a cancelar proyectos de urgente necesidad como son la apertura de nuevos juzgados, ante la saturación de carga de trabajo de los que actualmente tenemos. Esto nos pondría entre la espada y la pared para poder responder a los ciudadanos y cumplir nuestros deberes constitucionales”, indicó.

Criticó que sea la única institución de seguridad pública de la entidad que no tiene aumento presupuestal, pero sí crecientes exigencias que no dependen de buenas intenciones sino de recursos materiales, humanos y tecnológicos que funcionan a su máxima capacidad y que corren el riesgo de un colapso.

Como hemos informado, el Paquete Fiscal 2019 proponía una reducción del 2.80 por ciento para ese Poder, es decir, 15 millones 126 mil 925 pesos menos, acción considerada ilegal, ya que la Constitución prohíbe que se le asigne una cantidad menor a la ejercida en el periodo anterior. Ante este error, que puntualizó el Congreso local, el gobierno de Vila Dosal tuvo que enviar una corrección por oficio.

Cabe mencionar que el Poder Judicial recalcó que por mandato de la Carta Magna, se le debe asignar al menos el dos por ciento del presupuesto estatal. Esto se traduce en que para 2019, el monto mínimo para dicha institución debería ser de 790 millones de pesos.

Sin embargo, lo enviado en un principio por el Ejecutivo era de 525 millones 121 mil 77 pesos, para distribuir entre el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

En el documento se expresó que la función que realiza el Poder Judicial es igual de importante que las demás tareas a cargo de los otros Poderes que conforman un Estado democrático y constitucionalmente establecido, por lo tanto, esa es la importancia que se le debe dar al asignarle recursos públicos.

“Como institución del Estado mexicano y de Yucatán, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros que hemos sabido llevar con resiliencia y valor aún frente a la austeridad que ha caracterizado los últimos tiempos y la exigencia creciente de mayor rapidez y calidad que día a día nos reclaman los ciudadanos. Estamos de acuerdo con que nos exijan, pero esa exigencia debe venir acompañada de las herramientas mínimas para hacer nuestro trabajo”, finalizó.