El nuevo magistrado presidente y consejeros de la Judicatura afines al gobernador decidieron correr a servidores públicos con más de 10 años en sus encargos.

Los afectados fueron citados a altas horas de la noche del viernes pasado, es decir, fuera de horario laboral y sin previo aviso, para notificarles sus bajas. Además, todo indica que no quieren pagarles una liquidación justa.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 10 de julio de 2022.- Tal y como ha ocurrido en el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, el viernes en la noche fueron despedidos arbitrariamente siete trabajadoras y trabajadores del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que ocupaban puestos de jefatura, al parecer para que los nuevos “magistrados panistas” puedan otorgar esos puestos a personas afines.

El proceso se realizó de forma arbitraria, ya que el Consejo de la Judicatura sesionó el viernes pasado fuera de horario laboral –a las 5:30 de la tarde- para decidir dejar sin trabajo a dichos funcionarios judiciales que tenían más de 10 años en esos encargos.

De acuerdo con información recabada en el Poder Judicial, la embestida para despedir a dichos trabajadores fue orquestado por el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mario Alberto Castro Alcocer.

El acuerdo también fue respaldado por consejeros de la Judicatura afines a Vila, como Carlos Alfonso Murillo Ku, quien desde que llegó al Poder Judicial en noviembre pasado se le ubica por su trato déspota a los empleados judiciales así como por su falta de experiencia para el puesto que ocupa.

También estuvo a favor la nueva consejera Mariana Gaber Fernández Montilla, quien lleva en el encargo menos de una semana y que fue colocada por el gobernador.

De acuerdo con información recabado por Haz Ruido, los servidores públicos fueron citados a altas hora de la noche de ese mismo viernes para que puedan ser notificados de su baja. Es decir, fuera de horario laboral y sin previo aviso.

Ninguno de los siete afectados firmó el acuse de recibido del acuerdo tomado por el Consejo de la Judicatura, y la mayoría se negó a realizar el proceso de entrega-recepción en ese momento, debido a que no existían las condiciones adecuadas.

En esa improvisada reunión, se enteraron de que ya estaba en funciones una nueva administradora, de nombre Mercy Gómez, y que otras personas desconocidas estaban supervisando los despidos.

Aunque oficialmente no les informaron cuánto recibirían de liquidación, personal del área jurídica mencionó que al ser trabajadores de confianza sólo les pagarían ocho días laborales y la parte proporcional de aguinaldo “porque no sabemos si alcanzará el presupuesto”.

Sin embargo, los afectados tendrían que recibir al menos tres meses de sueldo, su estímulo de antigüedad porque llevaban más de una década en el Poder Judicial, entre otras prestaciones.

Las personas despedidas tenían jefaturas o direcciones en los departamentos de Recursos Humanos, Administración, Fondo Auxiliar, Unidad de Comunicación, entre otros.

Cabe mencionar que este tipo de prácticas arbitrarias para despedir trabajadores se han vuelto común en el Gobierno de Vila –tanto al inicio de su administración como durante la pandemia de Covid-19- y que ahora se están replicando en el Poder Judicial.