Presentarán un amicus curiae ante la Suprema Corte para evitar la acción de inconstitucionalidad. Por su parte, la CNDH aclaró que no está defendiendo a deudores alimentarios de Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 16 de agosto de 2022.- Activistas de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) están recabando firmas virtuales para “defender” la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad que podría echarla abajo.

Como hemos dado seguimiento en Haz Ruido, a las pocas semanas de que el Congreso del Estado aprobó dicha reforma, el organismo autónomo  promovió el mencionado recurso al considerar que es discriminatorio y estigmatizante el requisito de “no ser deudor alimentario moroso” para diversos cargos públicos y aspirar a candidaturas independientes en Yucatán.

Debido a que este caso llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  activistas feministas de Yucatán y de organizaciones nacionales pretenden presentar ante las ministras y los ministros un  amicus curiae, es decir, un informe técnico con diversos argumentos jurídicos para que puedan dar una mejor resolución y de esta manera evitar la acción de inconstitucionalidad.

Por tal razón están recabando firmas de apoyo en la que manifiestan su desacuerdo ante la postura de la CNDH por los deudores alimentarios, teniendo como fecha límite este propio martes.

“La 3 de 3  no violenta ningún derecho, al contrario, eleva los estándares de la ética pública y política, vela y salvaguarda los derechos de las infancias, así como de las mujeres al impedir que deudores alimentarios, acosadores y agresores lleguen al Poder”, recalcaron.

Cabe mencionar que tras las críticas de organizaciones feministas por la acción de inconstitucionalidad, la CNDH publicó un pronunciamiento en el que aclaró que “no está defendiendo a deudores alimentarios”, más bien dicha norma afectará a sus acreedores.

“Dicho requisito es discriminatorio y coloca a las personas aspirantes a puestos públicos en inseguridad jurídica, pero sobre todo afecta el interés de los acreedores alimentarios, sean estos menores y adolescentes, adultos mayores, discapacitados, cónyuges o ex cónyuges, quienes se verían lesionados en sus derechos por la insolvencia económica de sus deudores”, precisó.

Sostuvo que la segregación o exclusión de los deudores alimentarios del sector público, como fuente de empleo, podría poner en riesgo la satisfacción plena de la obligación alimentaria, lo cual también atenta contra el interés superior de la infancia y adolescencia y, en general, de los acreedores alimentarios, porque impide al deudor acceder a medios con los que pueda dar cabal cumplimiento a sus deberes.