En su resolución, el Tribunal Electoral de Yucatán señaló que los derechos de los ciudadanos fueron agraviados por los consejeros al dejar en pausa si se acepta o no la consulta.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 5 de septiembre de 2022.- El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) a que sesione en un término máximo de 48 horas para que decida si acepta o no la solicitud de referéndum de un grupo de ciudadanos que se opone a la Ley del Isstey.  

El proyecto estuvo a cargo de la magistrada Lissette Cetz Canché, quien planteó que se revoque el acuerdo del Iepac del pasado 31 de julio en el que se dejó en reserva los derechos de las personas que, por segunda ocasión, solicitaron la realización de dicha consulta.

Como hemos informado, dichos ciudadanos –la mayoría pertenecientes a sindicatos de burócratas- promovieron un Juicio Ciudadano ante el TEEY, cuyo expediente es el 042/2022, luego de que las consejeras y los consejeros del Iepac dejaron “en pausa” la admisión o desechamiento del referéndum

En su momento, el Iepac argumentó que tomaría su decisión hasta que dicho Tribunal resuelva otra impugnación promovida por esos mismos ciudadanos en contra del primer revés de solicitud de referéndum.

Al respecto, Cetz Canché explicó que el acuerdo del Iepac no tenía razón de ser, ya que se tratan de dos circunstancias totalmente diferentes y, por lo tanto, un juicio no es consecuente del otro. Además, recalcó que los derechos de los ciudadanos fueron agraviados y los dejaron en estado de indefensión.

En el proyecto de la magistrada, aprobado por unanimidad, también se exhorta a dicho instituto que en futuras solicitudes de participación ciudadana tome acciones garantistas de los derechos de las y los ciudadanos, con la finalidad de que éstos puedan ser ejercidos.

Y con respecto al recurso de apelación presentado por los burócratas tras el rechazo de la primera solicitud de referéndum, el TEEY le dio la razón al Iepac al precisar que  al momento de pedirlo, todavía no se había aprobado en el Congreso del Estado la Ley del Isstey, por lo tanto no se puede consultar sobre algo que no existe, además de que no se había concretado la violación a sus derechos laborales.

Tras darse a conocer que el Tribunal ordenó al Consejo General que vuelva a sesionar sobre este tema, la dirigente del Sindicato Progresista del Poder Judicial, Luisa Inés Martín Puc, hizo un llamado a los consejeros electorales a que esta vez sí acepten su solicitud y que dejen de seguir la línea dictada por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Sostuvo que han dado un paso contundente en su lucha para echar abajo la Ley del Isstey, por lo que ahora el árbitro electoral no puede negarles su derecho a ejercer un mecanismo de participación ciudadana.

De igual forma, recalcó que seguirán insistiendo en su exigencia al Instituto Nacional Electoral (INE) para que el presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, sea destituido de su cargo por prestarse a la “chicanada” jurídica del gobernador con la que pretendieron que el referéndum no se lleve a cabo.