La diputada Vida Gómez criticó que a pesar que la ley establece que el 7 por ciento del presupuesto de la SSY debe asignarse a la salud mental, ese porcentaje nunca se ha respetado y sigue estando a interpretación de las autoridades.

Mérida, Yucatán, 22 de septiembre de 2022.-A pesar de que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció una estrategia y una aplicación móvil para prevenir el suicidio en Yucatán, la realidad es que no está aplicando el 7 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud estatal (SSY) a atender la salud mental de la población como lo mandata la ley.

Así lo recalcó la diputada de Movimiento Ciudadana, Vida Gómez Herrera, quien ayer en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Salud Mental para cerrar esas lagunas legales y garantizar la asignación presupuestal suficiente en la ejecución de los programas en materia de salud mental.

“Celebramos que el gobierno estatal empiece a anunciar medidas para atender la salud mental, pero es necesario vigilar que se asigne el presupuesto suficiente a este tema, para garantizar que lo anunciado no quede solo en buenas intenciones”, sostuvo desde la Tribuna del Congreso.

En ese sentido, recordó que dicha Ley establece que cada año el Gobierno debe destinar a la atención de la salud mental de la población el 7% por ciento del presupuesto asignado a la SSY, pero no aclara si es a la dependencia como ramo administrativo o cómo entidad del gobierno central, y la diferencia entre una y otra es de miles de millones de pesos. Además, ese porcentaje nunca se ha respetado y sigue estando a interpretación de las autoridades.

“El presupuesto 2022 de la Secretaría de Salud como ramo administrativo es de más de 5 mil 500 millones de pesos, pero el presupuesto 2022 de la misma Secretaría de Salud como entidad del gobierno centralizado es de apenas 79 mil 110 pesos, y la redacción actual de la ley no aclara cuál de estos montos se debe tomar como base de calculo, lo que da pie a confusiones y a asignaciones presupuestales insuficientes a la salud mental”, explicó Vida Gómez.

Por tal razón, propuso poner candados en la redacción de esta ley, para garantizar que la atención a este tema prioritario, siempre cuente con el recurso suficiente y etiquetado. 

 “Esta ‌en nuestras manos garantizar que las políticas públicas anunciadas en materia de salud mental, tengan el dinero suficiente para su implementación. Son vidas humanas las que dependen de nuestras decisiones y de la celeridad y prioridad que le demos a este tema”, recalcó.

Dijo que la diferencia entre las buenas intenciones y las políticas públicas efectivas esta‌ en la prioridad de la asignación de los recursos públicos.