Al rendir su informe en el Congreso, el ombudsman Miguel Sabido indicó que interpusieron 22 denuncias por actos que constituían posibles hechos delictivos, y sancionaron a 113 servidores públicos.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 22 de febrero de 2024.-Durante su informe de actividades ante diputadas y diputados, Miguel Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) compartió que emitieron 41 recomendaciones durante 2022, dirigidas a un total de 19 autoridades y al menos el 60 por ciento fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y corporaciones municipales.

Sobre las recomendaciones dirigidas a los policías tanto estatales como municipales de Yucatán, el ombudsman reconoció que las quejas tienen relación con detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos, principalmente.

“Ante esto, hemos estado trabajando con los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado para brindar capacitación a servidores públicos, principalmente policías, para darles elementos y así también el personal que tengan como policías sea con el perfil adecuado”, aseveró en entrevista posterior a su informe.

En el pleno del Congreso del Estado, resaltó que en la Oficialía de Quejas y Orientación y de la Visitaduría General recibieron un total de 2 mil 793 solicitudes de intervención, es decir, un promedio de ocho solicitudes de servicio diarias.

De estas, 950 se integraron bajo la denominación de Expedientes de Gestión y 305 se registraron como Expedientes de Queja en la Visitaduría General, mientras que se iniciaron 37 expedientes. Sobre medidas precautorias, Sabido Santana expuso que se dictaron 220 a un total de 60 autoridades.

Por otra parte, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) se interpusieron 22 denuncias por actos presuntamente violatorios a derechos humanos que constituían posibles hechos delictivos.

De manera específica, el presidente de la Codhey compartió que derivado de quejas, se registraron 902 hechos violatorios principalmente por prestación indebida del servicio público, detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.

En este sentido, aunque esta vez no especificó cuáles, dijo que 68 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos y dentro de este rubro, nuevamente estuvo incluida la SSP y Policías Municipales.

Sobre el tema de personas que ameritaban localización, Sabido Santana mencionó que tuvieron intervención en 57 casos.

Durante 2022, la Codhey registró también la sanción de 113 servidores públicos estatales y municipales por diversos motivos.

Tras destacar distintas acciones que se han realizado en materia de derechos humanos, consideró que se ha incrementado la cultura de respeto en el estado. “Prueba de ello es el cambio generado en la política pública, tomando como base el desarrollo sostenible y las necesidades de los más vulnerables y desprotegidos. Es innegable la buena voluntad que existe para trabajar en la construcción de puentes para el respeto y la tolerancia, tanto en el ámbito municipal, como en el estatal”, indicó.

Sin embargo, insistió en la posibilidad de asignar al organismo los recursos que se requieren para construir el local de la Codhey  en donde se puedan ser atendidos temas de  sustentabilidad ambiental por ejemplo. 

Igualmente, confió con que se constituya el Instituto de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos para que sea posible implementar programas de profesionalización en esta materia.