La abogada de Unasse, Amelia Ojeda, criticó que las y los magistrados sigan resolviendo amparos de este tipo con criterios desfasados del 2014 para reforzar su postura en contra de los derechos humanos de las mujeres.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 5 de diciembre de 2023.-La abogada y activista feminista Amelia Ojeda Sosa lamentó que el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán resolviera que el Congreso del Estado no cometió omisión legislativa al no abordar ni discutir el tema de la despenalización del aborto, lo que se consideraría un obstáculo más para garantizar los derechos humanos y reproductivos de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Como informamos previamente, el martes pasado en su facultad de Tribunal Constitucional, las y los magistrados desestimaron una demanda de omisión legislativa o normativa que había sido interpuesto por la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), “por no existir mandato claro y preciso de legislar al respecto, por lo que tampoco se afecta el debido cumplimiento, ni impide la eficacia de la Constitución local”.

La resolución se da a pesar de que las diputadas y los diputados yucatecos no han querido discutir una iniciativa de ley para despenalizar el aborto, la cual fue presentada desde hace más de un año, y de que a nivel nacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias para la despenalización.

Entrevistada para Haz Ruido, la coordinadora jurídica de Unasse lamentó que con esta resolución el Poder Judicial de Yucatán refuerce su postura en contra de los derechos humanos, sobre todo porque utilizó criterios del 2014, cuando ya hay avances recientes en el tema de del aborto, incluso desde la Suprema Corte que ya señaló que son inconstitucionales los códigos penales que lo criminalizan.

“Si lo queremos ver así de manera estricta y rígida pues no, la Constitución yucateca no te va a decir en ningún artículo que se tiene que legislar sobre el aborto. Sin embargo, sí hay un mandato expreso de trabajar para proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos, en este caso del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a decidir y a estar libres de violencia”, declaró.

Ojeda Sosa dijo que con esto se demuestra que el Tribunal Constitucional resuelve a partir de los argumentos más rígidos y de la forma más corta y no es innovador en la aplicación de principios con un abordaje integral.

“El Poder Judicial de Yucatán se queda en la misma medida en que está el Legislativo, sin que nadie le pida que haga su chamba para eliminar esta parte inconstitucional del marco normativo”, agregó la activista.

Finalmente, señaló que la lucha aún no acaba, pues aún existe la vía del juicio de amparo contra esta sentencia e incluso seguirán analizando otros recursos que en su momento darán a conocer.