En la Cámara de Diputados, únicamente Rommel Pacheco y Rocío Barrera de Morena, Federica Quijano del Verde y Selene Pool del PAN votaron a favor de las reformas para sancionar estas prácticas que atentan contra la población LGBTQ+.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 23 de marzo de 2024.- De los 11 representantes que tiene Yucatán en la Cámara de Diputados, solamente cuatro votaron a favor de las reformas que prohíben y castigan las terapias de conversión en el país, una añeja demanda de la población LGBTQ+.

En el caso de la Fracción Legislativa del PAN, solamente una diputada votó a favor, la yucateca Selene Pool Aké, quien lleva pocos días en San Lázaro y que es suplente de Kathia Bolio Pinelo, actual candidata LGBTQ+ de la coalición Fuerza y Corazón por México para el Senado.

Con respecto a la bancada de Morena, los dos representantes de Yucatán, Rommel Pacheco Marrufo y Rocío Barrera Puc, votaron a favor de dicho dictamen que sanciona penalmente las llamadas terapias de conversión, por las que se trata de obligar a las personas a cambiar su orientación sexual.

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), votó a favor la diputada Federica Quijano, mientras que su compañera de bancada, la exalcaldesa de Tekax Carmen Navarrete Navarro se abstuvo.

En ese mismo tenor, del PAN se abstuvo Cecilia Patrón Laviada, quien en la próxima campaña será la candidata a la alcaldía de Mérida.

Por parte de Movimiento Ciudadano también se abstuvo de votar la exgobernador Ivonne Ortega Pacheco, a pesar de que la mayoría de su bancada lo hizo a favor y de que los derechos de la población LGBTQ+ es una de las principales banderas de su partido. Por cierto, llama la atención que en lo particular votó a favor.

Del PRI tampoco quisieron votar los yucatecos Pablo Gamboa Miner y Mario Peraza Ramírez.

Y los que votaron en contra fueron los panistas Elías Lixa Abimerhi y Sergio Chalé Cauich, cuya bancada acusó a Morena de apoyar a una “ideología de género perversa”, y advirtieron que esta reforma es una persecución a los padres de familia, médicos, maestros, entrenadores, pastores y sacerdotes “por tratar de orientar a los menores conforme a valores familiares, personales, morales y médicos”.

Cabe mencionar que la minuta aprobada establece sanciones hasta de seis años de cárcel para quienes realicen tratamientos, servicios o prácticas que impidan el libre desarrollo de la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.