Pidió salir de prisión a cambio de realizar trabajo social, pero la autoridad judicial se lo negó debido a que no ha tomado terapia psicológica.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 23 de septiembre de 2024.-Una jueza negó la solicitud de libertad bajo fianza a Julio C.E.P., quién fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión por quitarle la vida cruelmente al perrito “Rufo” en agosto de 2023, confirmó la activista y denunciante de este hecho, Miriam López.

Como hemos reportado en este espacio, los hechos ocurrieron en la colonia Chuburná de Hidalgo de Mérida, donde vecinos y activistas por los derechos de los animales denunciaron que el sujeto le dio muerte al can de manera violenta, por lo que se interpuso la querella correspondiente y se llevaron a cabo diversas protestas para exigir justicia. Apenas en abril de este año el acusado recibió la sentencia antes mencionada.

En entrevista para Haz Ruido, la directora de la asociación Sanando Corazones Perrunos A.C. explicó que apenas el viernes 20 de septiembre fueron citados como parte denunciante a los juzgados en atención a la solicitud de Julio C.E.P., quién pidió la posibilidad de salir de prisión a cambio de un pago de 90 mil pesos y realizar trabajo social.

Miriam López dijo que logró demostrarle a la fiscal que esta solicitud no era viable puesto que el crimen ocurrió hace apenas un año, además de que el acusado no ha cumplido con la terapia psicológica que se le marcó en la sentencia.

“Para reintegrarse a la sociedad él tiene que cubrir ciertos requisitos. Él no ha llevado a cabo esas terapias, ni tampoco es una persona que la veamos arrepentida”, declaró.

Por ese motivo, la jueza les otorgó la razón, por lo que Julio C.E.P. continuará su condena en prisión.

“Queremos dar un mensaje claro y contundente que la vida de un animal no es negociable, no hay dinero que la pueda pagar. Tenemos que seguir hasta que él sea un ciudadano honorable y esté bien mentalmente para incorporarse a una sociedad”, concluyó la directora de Sanando Corazones Perrunos A.C.

Cabe recalcar que el 28 de marzo, gracias a la lucha de los activistas y la presión ejercida por la ciudadanía que estuvo al pendiente del caso, el Congreso del Estado aprobó la  Ley de Protección y Bienestar Animal de Yucatán, también conocida como “Ley Rufo” en memoria a este perrito y que plantea la penas de hasta 10 años de cárcel a quien cometa actos de crueldad a los animales.