Señalan que la Presidencia de la República interpone quejas para evitar que se analicen las demandas de la sociedad civil, arriesgando la utilidad y efectividad del juicio de amparo ante actos de autoridad que pongan en peligro los derechos de las personas y comunidades vulnerables.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 21 de marzo de 2025.-Asociaciones civiles de la Península de Yucatán, Ciudad de México y Veracruz presentan amparos en contra del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por aprobar y publicar reformas a la Ley de Amparo que son regresivas en materia de justicia. Aseguraron que la Presidencia de la República obstruye los amparos interponiendo quejas para evitar que se analicen las reformas demandadas por la sociedad civil organizada.

A través de un comunicado, recordaron que el Congreso de la Unión, en contubernio con la Presidencia de la República, aprobaron en junio del año 2024 una reforma a la Ley de Amparo que limita los efectos de las suspensiones de los actos de autoridad que son violatorios de derechos humanos. En concreto, reforman los artículos 129 y 148 de la referida Ley, para que no se puedan suspender obras, actos u omisiones que sean considerados de “interés social y orden público”; así como tampoco suspender normas con efectos generales, sino únicamente para aquella o aquellas personas que tengan la capacidad de presentar un amparo, respectivamente. 

Al respecto, las organizaciones Kanan Derechos Humanos A. C. Racismo Mx A.C., Uyich Luum, TerraVida, CCMSS, DMAS, ARTICLE 19 y ProDESC, presentaron una serie de demandas de amparo cuestionando la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo en materia de suspensión de actos de autoridad, pues alegan que son regresivas en materia de acceso a la justicia. 

Señalan que la “suspensión” en el amparo ha servido por años para generar un contrapeso en las decisiones del Gobierno, sea de los colores partidistas que sea. 

“Sobre todo, cuando estos aprueban la arbitraria ejecución de megaproyectos que devastan al medio ambiente, salud y vida de las personas; que generan despojo de los territorios originarios; o bien, para hacer frente a normas que discriminan o dejan en estado de indefensión a cientos de personas que no tienen la capacidad económica o humana para presentar una demanda de amparo en los tiempos y modos que la Ley exige”, aseveraron las agrupaciones.

Además, consideraron que dichas reformas también obstruyen la labor social que las asociaciones civiles tienen en la defensa de los derechos humanos colectivos, pues les impide acceder a la justicia de una manera efectiva y no ilusoria. 

Esta reforma a la Ley de Amparo, argumentaron, también pone en riesgo la utilidad y efectividad del juicio de amparo ante actos de autoridad que pongan en serio peligro los derechos de las personas y comunidades que por siglos se encuentran en situación de desventaja, como lo son los pueblos originarios en México. 

“Ante una decisión que sea catalogada de “interés social” bastaría para justificar el saqueo, despojo y desequilibrio ecológico de los lugares donde habitan tales personas y comunidades, situación que a la postre pone en peligro la vida e integridad personal de todas y cada una de las personas en el país, ante la crisis ambiental que estamos atravesando”, agregaron las organizaciones firmantes.

Asimismo, recordaron que en junio y agosto de 2024, las asociaciones civiles mencionadas han presentado demandas de amparo para hacer frente a las reformas de ambos artículos de la Ley de Amparo, buscando revertirlos, con la finalidad de que el juicio de amparo no pierda efectividad. 

No obstante, la Presidencia de la República ha impedido el avance de dichos juicios, interponiendo quejas en contra de todas las admisiones, argumentando que las reformas no les afectan. Por ello, dichas Asociaciones Civiles exigen que los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito den trámite y permitan que estos juicios de amparo avancen, a pesar de los obstáculos que el propio Gobierno Federal ha impuesto con la finalidad de evitar ser cuestionado en cuanto a dichas reformas legales. 

Finalmente, exigen al Gobierno Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión evitar continuar con su postura política de modificar Leyes de forma regresiva para evitar ser cuestionados cuando toman decisiones que afectan a personas y comunidades, bajo la justificación del “interés social”.