En un país donde más del 40 % de la población no tiene acceso regular a internet, trasladar todos los trámites de gobierno a plataformas virtuales puede convertirse en un nuevo filtro de exclusión social y cultural

*Por Andrea Tamayo Cáceres – @andreatamayocs

#AtacaConIdeas.

Mérida, Yucatán, 4 de julio de 2025.- No es ningún secreto: en México, hacer un trámite puede ser un suplicio: largas filas, requisitos duplicados, oficinas sin sistema, papeles que se extravían; quienes trabajamos en lo público sabemos que la burocracia no solo desgasta: excluye, y no solo retrasa: desespera.

Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, muchas personas –me incluyo– vimos una luz al final del túnel; sin embargo, es necesario mirar con lupa lo que implica.

El dictamen aprobado enviado al Ejecutivo federal para su próxima publicación en el Diario Oficial de la Federal y, por ende, su entrada en vigor plantea una perspectiva ambiciosa: reducir a la mitad los trámites, requisitos y tiempos en todo el país, mediante la realización del más del 80 % de los trámites en línea, sumado a facilitar la documentación de las personas a través de la creación de un expediente digital que se conserva en la nube gubernamental, así como una ventanilla única para las inversiones extranjeras y, por supuesto, sin dejar de lado la imperiosa necesidad de capacitar a velocidad récord a personas servidoras públicas para que dejen a un lado el papel y el lápiz, y pasen a ser expertas en digitalización web. Si lo analizamos desde la perspectiva de la era en la que vivimos, suena vanguardista y revolucionario.

Celebro que, verdaderamente, estamos ante una transformación administrativa en dónde los avances se traducen en la eliminación de trámites innecesarios a nivel federal, la creación de la identidad digital y la nueva Agencia de Transformación Digital.

No obstante, como abogada, asesora legislativa y, sobre todo, como mujer con compromiso en la construcción de un Estado garante de derechos, no puedo quedarme en el aplauso. El análisis requiere cuestionamientos y giros que nos permitan mirar una problemática o solución desde otras perspectivas. Me surge la pregunta que, con estos avances ¿quiénes se están quedando fuera? ¿quién regula el nuevo poder que implica digitalizar todo el aparato federal, estatal y municipal?

El reto de la igualdad digital

Ante estas preguntas me surge una respuesta cierta: la digitalización no es neutra, ni universal. En un país donde más del 40 % de la población no tiene acceso regular a internet, (especialmente en zonas rurales e indígenas), trasladar todo a plataformas virtuales puede convertirse en un nuevo filtro de exclusión social y cultural. Uno más sofisticado y moderno, pero que remarca las desigualdades en las que se vive en este país.

Por ello, no me cabe la menor duda que priorizar la transición digital como una política pública para el acceso universal al internet en México requiere el robustecimiento de la inclusión tecnológica como un pilar que considere la perspectiva de género, de derechos humanos y de justicia social, para que nadie se quede atrás.

 La nueva Agencia tendrá que ser garante, vigilante y protectora de datos personales, puesto que la creación de los expedientes digitales de millones de mexicanas y mexicanos, si bien eficientizará procesos burocráticos, también obligará a las autoridades a reforzar los controles institucionales sobre el uso, resguardo y objetivos del acceso a la información de las personas. La confianza de la ciudadanía no solo se gana con la eficiencia, sino también con certeza jurídica, transparencia, trazabilidad y protección frente a cualquier uso indebido.

No todo trámite es corrupto ni innecesario, ya que muchos procedimientos existen para proteger derechos, asegurar procesos justos, garantizar transparencia o evitar discrecionalidad.

Hacia una verdadera transformación administrativa

Digitalizar al Estado no es solo cuestión de software, sino una decisión de aplicar nuevas políticas públicas de fondo que centren su visión en el beneficio de la ciudadanía, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, de tal manera que, quienes históricamente han quedado fuera del diseño institucional y del acceso a los servicios públicos, no sean nuevamente víctimas de un sistema que no les toma en cuenta.

Desde mi experiencia legislativa, estoy convencida de que esta ley representa un paso importante hacia una administración más moderna, pero también creo que su éxito dependerá de cómo se implemente, de qué mecanismos de evaluación y participación ciudadana se activen, y de qué tan profunda sea la voluntad de garantizar justicia administrativa para todas y todos, no solo para quienes ya están en la red.

Que no se nos olvide: la corrupción no se erradica desde el discurso, sino desde el compromiso con el bien común y eso implica transformar la lógica de poder detrás de los trámites, no solo su forma, no solo en el nombre, sino en los hechos, en el cambio de un sistema que se atreve a dejar atrás viejas prácticas y afianza su desempeño en procurar el bien de la ciudadanía.

Digitalizar es necesario. Hacerlo sin dejar a nadie atrás es lo verdaderamente transformador.

* Abogada especialista en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Perspectiva de género. Consultora y asesora legislativa