Bolchevique, anticlerical, repartidor de tierras y promotor del control natal, Felipe Carrillo Puerto era una verdadera amenaza para el dominio de los hacendados; por ello, pagaron a los militares por su ejecución.

Por Redacción 

Mérida, Yucatán, 3 de enero de 2020.- Un día como hoy, hace 96 años, moría asesinado el gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Las crónicas del suceso señalan a los militares Hermenegildo Rodríguez y Juan Ricárdez Broca como los responsables directos, así como a Adolfo de la Huerta de autor intelectual; sin embargo, especialistas apuntan a la participación de la Casta Divina en el fusilamiento del Apóstol Rojo de los Mayas.

El 3 de enero de 1924, después de permanecer arrestado en la penitenciaría Juárez desde el 23 de diciembre de 1923, el prócer yucateco pronunciaba sus últimas palabras, la célebre frase “no abandonéis a mis indios”, frente al pelotón que le quitaría la vida bajo el cargo de traición a la patria, en el contexto de la rebelión delahuertista que barría al país para oponerse al presidente Álvaro Obregón.

No obstante, el mismo Jefe Supremo diría más adelante, cuando Obregón y Plutarco Elías Calles lo acusaron públicamente de ordenar el crimen, que se enteró de la detención del Dragón de Ojos Verdes por un telegrama que le envió Carlos R. Menéndez. El periodista pedía al líder sonorense que salvara a Carrillo Puerto, por lo que se envió a Gustavo Arce para gestionar su traslado a Veracruz, esfuerzo que resultó vano.

¿Quién, entonces, tiene la responsabilidad por el asesinato? Investigaciones apuntan a que las reformas emprendidas por el mandatario afectaban los intereses económicos de la Casta Divina, grupo compuesto por 30 acaudaladas familias que controlaban la producción y el comercio del henequén, el oro verde de Yucatán. 

Comerciante y editor en su natal Motul, durante la Revolución, Carrillo Puerto se trasladó a Morelos donde se puso bajo las órdenes de Emiliano Zapata, quien lo hizo coronel del Ejército Libertador del Sur. De esta forma, entró en contacto con las ideas de repartición de tierra entre el campesinado. 

De regreso en su tierra natal, en los tiempos de Salvador Alvarado, organizó las Ligas de Resistencia, “especie de ‘soviets’ locales coordinados por una Liga Central en Mérida”, indican Guillermo Sandoval Viramontes y Jorge Mantilla Gutiérrez. Así, en el Mayab se empezaron a conocer términos como lucha de clases, capitalismo y plusvalía, lo que causó preocupación entre los hacendados.

En 1922, comenzó su gestión como gobernador con un discurso en lengua maya. En su administración, según la investigadora Beatriz Urías Horcasitas, desplazó a los grupos hegemónicos de la última parte del siglo XIX, quienes vieron amenazados sus intereses económicos debido a medidas como la toma de control del Estado sobre la tierra cultivable, así como su repartición entre las clases obrera y campesina.

El Cristo del Pueblo Maya también se declaró anticlerical y bolchevique, al tiempo que llamó al proletariado a tomar el control de los medios de producción. Asimismo, al sostener que mujeres y hombres son iguales ante la ley, reconoció el divorcio e impulsó un programa de control natal. 

A todo ello, se suma el respaldo que brindó a la causa feminista que encabezó su hermana Elvia, junto con otras ilustres yucatecas. El gobernador socialista, al no encontrar argumentos legales que impidieran la participación política de las mujeres, postuló a Rosa Torre González como candidata a regidora del municipio de Mérida, quien se convirtió en la primera mexicana en ganar un cargo de elección popular.

Elda Moreno Acevedo asegura que su Ley de Incautación y Expropiación de Haciendas Abandonadas, llamada en su momento “Ley despojo”, expedida a finales de noviembre de 1923 y que disponía que tierras incultas fueran entregadas a los trabajadores, es el antecedente inmediato del asesinato.

La Casta Divina vio en la rebelión encabezada por de la Huerta la oportunidad perfecta para terminar el régimen del autoproclamado socialista. El especialista Antonio Betancourt señala que los partidarios de Carrillo Puerto ofrecieron cien mil pesos por su liberación, mientras que los grandes latifundistas duplicaron la cifra para que los militares le fusilaran.

Sin embargo, la acusación pública que hicieron Obregón y Calles sobre la responsabilidad de Adolfo de la Huerta en las ejecuciones que tuvieron lugar en el Cementerio General de Mérida eximieron de responsabilidad a los terratenientes yucatecos, quienes lograron detener las reformas emprendidas por el régimen carrillista.