Todos los días ocurren horrendos crímenes en México perpetrados por distintas corporaciones de seguridad, pero no todos los casos son importantes para el presidente. Sabe bien cuáles son los de impacto mediático y en cuáles puede sacar provecho político.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 25 de octubre de 2021.- Aunque era predecible que la Fiscalía General de la República (FGR)  ejerciera la facultad de atracción del caso José Eduardo Ravelo Echavarría, esto no significa que su verdadera intención sea buscar la justicia a toda costa, pues no hay que olvidar que esta instancia ha servido como herramienta de uso político del actual gobierno federal.

Llama la atención que atrajo el caso apenas este fin semana, en la víspera de que la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán celebrara la audiencia de apelación, cuando lleva dos meses realizando una investigación paralela. ¿Por qué hasta ahora? ¿Cuál es el mensaje que está dando a los gobiernos panistas involucrados en este lamentable hecho?

Si miramos el caso José Eduardo desde una perspectiva meramente política, no se puede negar que desde el inicio provocó roces –por no decir enfrentamientos- entre el alcalde Renán Barrera Concha y el gobernador Mauricio Vila Dosal. Hay quienes aseguran que fisuró su relación y que apenas hace unas semanas se concretó una “reconciliación”, por eso ya se les ve juntos en eventos públicos de nuevo.

Y es que sus gobiernos parecían enemigos en los momentos más álgidos que se vivieron antes de la audiencia de vinculación a proceso y tras la liberación de los cuatro policías municipales imputados. En medio de la pugna política, la sociedad yucateca estaba colerizada y el grito de indignación por justicia se escuchó fuerte y en todos lados.

Hubo filtración de videos revictimizantes de José Eduardo, declaraciones enérgicas entre la defensa y la parte acusadora, enfrentamientos mediáticos y polarización en las redes sociales. Al tratarse de un grave crimen en el que estarían involucrados policías, alcanzó dimensión nacional e internacional.

¿Cómo es posible que sucedan homicidios de este tipo en el estado más seguro del país? Esa era la pregunta que se replicaba en la prensa y que destapó una realidad que se ha ocultado durante décadas: la tortura como práctica policiaca en Yucatán.

Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, el personaje con el colmillo político más retorcido en la actualidad, aprovechó la plataforma de mayor audiencia, la Mañanera, para retomar el caso José Eduardo y sostener que se tiene que castigar “a las autoridades que están protegiendo a los asesinos”.

Al menos en tres ocasiones abordó el tema en ese espacio e incluso lo catalogó como un crimen de odio, por eso ordenó a la FGR que investigue a esas autoridades -por supuesto, panistas- y aseguró que se hará justicia. Dicha instancia no se demoró y a los pocos días llegó un equipo de especialistas a Mérida para arrancar con las investigaciones.

Todos los días ocurren horrendos crímenes en México perpetrados por distintas corporaciones de seguridad, pero no todos los casos son importantes para el presidente. Sabe bien cuáles son los de impacto mediático y en cuáles puede sacar provecho político.

¿Por qué es importante mencionarlo? No se puede negar que, como hicieron los anteriores presidentes con la extinta Procuraduría General de la República (PGR), López Obrador hace uso político de la justicia con la FGR, teniendo al frente al controvertido Alejandro Gertz Manero.

Desde desafueros a gobernadores, persecución de candidatos en plena campaña electoral, solicitud de ordenes de aprehensión a científicos, venganzas políticas, medidas cautelares para privilegiar a funestos personajes y hasta exoneración de militares acusados de narcotráfico. El actuar de la FGR es cuestionable

¿Existe el riesgo de que suceda lo mismo con el caso José Eduardo para tener contra la pared a los gobernantes panistas? Esperemos que no, porque si este hecho toma dimensiones políticas, entonces nunca habrá justicia para el joven veracruzano.