¿Las diputadas y los diputados estarán a la altura del debate o, una vez más, darán una penosa muestra de su desconocimiento en materia constitucional y de tratados internacionales?

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 28 de septiembre de 2021.- Con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 9 de septiembre, el cual declara que es inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que interrumpan su embarazo, el Congreso del Estado de Yucatán no tiene excusa para obstaculizar las iniciativas que buscan garantizar el derecho a decidir.

En los últimos años, este Poder ha dado penosas muestras de su desconocimiento en materia de derechos humanos. Basta solo con recordar que, en 2009, las bancadas del PRI y el PAN aprobaron modificar la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, en respuesta a la presión que grupos antiderechos ejercieron a nivel nacional.

Ahora que las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena han anunciado que presentarán proyectos de ley para despenalizar el aborto en Yucatán, es de esperarse que estos mismos intereses intenten limitar los derechos reproductivos. Lo interesante será saber qué harán las y los representantes populares, ¿sucumbirán a la coerción o harán el trabajo que les corresponde?

Y es que no solamente lo dice la Suprema Corte, como máxima intérprete de la Constitución, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el acceso a la interrupción legal del embarazo es un derecho humano, mientras que las legislaciones restrictivas y punitivas lesionan gravemente las opciones de vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Por ello será muy interesante observar a las diputadas y diputados, puesto que aún si desechan y/o rechazan las iniciativas, gracias al criterio establecido por la SCJN hace menos de un mes, la ley que criminaliza a las personas que deciden terminar un embarazo es letra muerta: todas las juezas y jueces del país están obligados a observarlo.

Sin embargo, no sería esta la primera ocasión en que el Congreso de Yucatán actúe violando la Constitución, basta recordar que la Legislatura pasada votó contra el matrimonio igualitario en dos ocasiones, aún cuando desde 2015 la SCJN declaró inconstitucionales aquellas leyes que niegan las uniones civiles de personas del mismo sexo.

Ojalá que esta vez demuestren estar a la altura del cargo que ostentan, que demuestren conocimiento tanto de la Carta Magna como de los tratados internacionales y convenciones que México ha suscrito en materia de derechos humanos, no ideologías y ocurrencias personales que fácilmente pueden ser tumbados en la Corte.

Mientras tanto, colectivas feministas, mujeres y personas gestantes de Yucatán se organizan para demostrar este 28 de septiembre, en el Día de la Acción Global por el acceso al Aborto Legal, que los derechos humanos no se consultan (ni se socializan en foros, ni se discuten con quienes financian las campañas), se ejercen.