En esta época en la que se promete de todo para ganar una curul, lucrar con el dolor de las víctimas en casos de violencia contra las mujeres sin atender las causas estructurales ni dar garantías de acceso a la justicia, reparación del daño y no repetición, es por lo menos mezquino.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 9 de abril de 2021.- Con el arranque de las campañas electorales, seguramente veremos las demandas de la agenda feminista convertidas en botín político y es que una exigencia legítima, como la erradicación de la violencia contra las mujeres, puede convertirse en un gran slogan para quienes tienen la posibilidad de llegar al Congreso del Estado, pero ¿qué podemos esperar realmente?

De 2018 a la fecha, las diputadas y los diputados de Yucatán han aprobado iniciativas que reforman el Código Penal de la entidad, lo que ha incrementado los castigos por los delitos de feminicidio, abuso y acoso sexual, y ha significado la tipificación de la violencia laboral, obstétrica y por parentesco. Pero ello contribuyó en muy poco, si no es que en nada, a detener los asesinatos en razón de género, los cuales pasaron de tres, en 2019, cuando se aprobaron las reformas, a seis, en 2020. 

De hecho, el pasado mes de enero, el Ejecutivo yucateco envió una nueva propuesta a la LXII Legislatura para aumentar, una vez más, las penas corporales para quien cometa el delito de feminicidio. Mucha mano dura y muy poca prevención, es decir, populismo punitivo.

La chilena Elena Larrauri define este concepto como la ampliación y exageración del sistema penal, lo que implica la creación de delitos y el endurecimiento de las sentencias, para dar la impresión de que el Estado reacciona efectivamente ante contextos de macrocriminalidad y, de esta forma, ganar simpatía y respaldo popular. 

Y es que hablar de hasta 60 años de cárcel para quien asesine a una niña o adolescente pareciera lógico, incluso deseable, en un país en el que diariamente 10 mujeres son víctimas de violencia feminicida, o en un estado en el que, tan sólo durante enero y febrero de 2021, se han hecho 414 llamadas para reportar incidentes relacionados con casos de violencia contra las mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, también nos hace pensar en que, en esta época en la que se promete de todo para ganar una curul, lucrar con el dolor de las víctimas y víctimas indirectas en casos de violencia contra las mujeres sin atender las causas estructurales de esta problemática ni dar garantías de acceso a la justicia, reparación del daño y no repetición, es por lo menos mezquino.

Como señala la asociación EQUIS Justicia para las Mujeres, “para disminuir la violencia contra las mujeres en México es indispensable pensar las políticas públicas contra la impunidad desde una visión que prevenga violencias y no sólo desde una visión que pretenda castigar la violencia que el Estado debió evitar”.

Por ello, con el inicio de las campañas este viernes, debemos exigir a quienes pretenden representarnos propuestas que den muestra de un análisis profundo de las causas del continuum de violencia contra las mujeres que culmina con asesinatos por razón de género, en lugar de aplaudir soluciones simplistas que generan aplausos fáciles.