Mientras la bancada del PAN aseguró que con la reforma habrá más competencia y bajarán los costos de los servicios notariales, la fracción de Morena criticó que se otorgarán patentes a amigos del gobernador y para beneficiar al “cartel inmobiliario”.

Obtendrían notarías públicas siete funcionarios del gobierno estatal, incluido el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera, y el hasta hace poco consejero jurídico, Mauricio Tapan.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 30 de marzo de 2022.-Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para aumentar el número de notarías públicas en Yucatán, lo que generó una controversia entre las bancadas del PAN y de Morena, ya que supuestamente personas cercanas al gobernador Mauricio Vila Dosal se beneficiarán porque se encuentran en la lista de espera para convertirse en notarios.

El dictamen para reformar la Ley del Notariado planteó modificarel número de habitantes que se consideran para la determinación de la creación de notarías públicas, pasando de 20 mil a 15 mil personas. Por tal razón, habrá 54 nuevos fedatarios, ya que actualmente hay 100 en la entidad. 

Al respecto, el diputado morenista Rafael Echazarrerta Torres criticó que dentro de la listas de los nuevos notarios se encuentran siete servidores públicos, así como exfuncionarios y numerosos hijos y parientes directos de los actuales.

Dijo que los casos más “singulares”, por pertenecer a la gran familia del Poder Ejecutivo, son el secretario de Fomento Económico y del Trabajo, Ernesto Herrera Novelo; el Comisionado del Instituto de Transparencia, Carlos Pavón Gamboa y Mauricio Tapan Silveira, quien hasta hace pocas semanas era el Consejero Jurídico estatal.

“¿Dónde queda la calidad moral? A estos funcionarios se les está dando una patente pública basada en la ética y en elevadas normas profesionales ¿Por qué a sabiendas y en conocimiento del dictamen de esta ley, al día de hoy, no se han separado de sus cargos? Si la respuesta es porque aún no pasa por este Pleno, nos debe de preocupar la fingida ingenuidad y de no ser ingenuos, entonces nos ratifican la duda razonable para el ejercicio moral del cargo”, señaló Echazarreta.

La también diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, señaló que el cambio a la Ley del Notariado sólo busca consolidar al “cartel inmobiliario” que especula con el sector de las viviendas en Yucatán y que sin duda está dedicada a las y los amigos del Gobierno de Vila. 

En contraparte, el panista Jesús Pérez Ballote sostuvo que no hay que ser “miopes” con la realidad política y económica que se vive en Yucatán, la cual requiere mayor competencia y ofertas en cuanto a los servicios que se ofrecen en las notarías públicas.

Resaltó que se da un primer paso para eficientar el sistema notarial en Yucatán, en donde la competencia es feroz.

“Y como toda regla, a mayor oferta estoy convencido de que los costos de sus servicios bajarán en beneficio de los yucatecos”, agregó.

Enfatizó que la reforma únicamente aborda el factor poblacional, por lo que los dichos de los morenistas en torno a quiénes se beneficiarán con las nuevas notarías son sólo especulaciones.

Por su parte, la legisladora del PAN, Carmen González Martín, recordó que de acuerdo con el último censo poblacional, Yucatán cuenta con 2 millones 320 mil 898 habitantes, lo que representa un incremento del 16 por ciento en comparación al año 2010,  crecimiento que se ve reflejado en la demanda de bienes y servicios.

En ese sentido, abundó que han aumentado las operaciones y transacciones que se llevan a cabo en la entidad, reflejándose en la constitución de nuevas empresas, la formalización de asambleas, el otorgamiento de poderes para la realización de diversas operaciones, y desde el ámbito personal la adquisición de vivienda, el otorgamiento de testamentos y la ejecución de estos, y demás actos relacionados, por lo que se requieren más notarías públicas.

En su intervención, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra manifestó su voto a favor del dictamen porque combate el oligopolio de la función notarial, pero recalcó que se tiene que hacer una reforma de gran calado para acabar con anacronismos, como la condición vitalicia del encargo, y que se garanticen costos accesibles para los habitantes del interior del estado.

De igual forma, enfatizó que la difícil situación económica actual por la pandemia, el aumento de la pobreza,  la desaparición de los escribanos públicos y los elevados costos de los servicios notariales provocan que la población no pueda acceder a cualquier trámite que requiera de fe pública.

Por tal razón, señaló que  la actividad notarial debe ejercerse como una función social del Estado, y no como un negocio de particulares que beneficie a unos cuantos y que deje jugosas ganancias.