“Seguimos considerando un grave riesgo que los sujetos obligados sean, a su vez, órganos garantes”, indicó el dirigente estatal, Gaspar Quintal.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 2 de julio de 2025.- Para cumplir con el Estado de Derecho y el mandato constitucional federal, el Congreso de Yucatán aprobó los dictámenes en materia de transparencia y simplificación administrativa, con un llamado de la Fracción Legislativa del PRI a que exista voluntad política para que el pueblo de Yucatán mantenga su derecho a la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

El coordinador de la bancada, Gaspar Quintal Parra, explicó que, en términos generales, el dictamen plantea la extinción del Instituto Estatal de Transparencia (Inaip), derivado de una norma superior jerárquica que mandata armonizar la Constitución yucateca en los mismos términos que la federal.

“Estamos ciertos de que, en un Estado de Derecho, no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley, sino de cumplirla y hacerla valer”, sostuvo desde la tribuna del Congreso del Estado.

El priista dijo que, más allá de considerar la autonomía constitucional del órgano garante como una condición necesaria para garantizar el derecho a la información, el deber de las y los diputados es proteger ese derecho y buscar las herramientas para que los ciudadanos puedan ejercerlo con libertad y accesibilidad.

“En el caso de la rendición de cuentas, no podemos confiar en la buena voluntad de nuestros gobernantes. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Solamente con mecanismos eficaces e independientes podremos asegurar la honestidad del gobierno”, sostuvo el diputado del PRI al citar al abogado John Ackerman.

También aprovechó para recordar que el recipiendario de la Medalla “Héctor Victoria Aguilar”, que entregó el actual Congreso del Estado, el profesor Ariel Avilés Marín, pugnó por la autonomía constitucional del Inaip cuando lo presidía a finales de la década del 2010.

Por todo lo anterior, Gaspar Quintal hizo votos para que los nuevos instrumentos plasmados en la nueva normativa sean eficaces para garantizar el derecho a la información, pero advirtió: “Seguimos considerando un grave riesgo que los sujetos obligados sean, a su vez, órganos garantes”.