Advierten que con este tipo de procedimientos se aprovechan de las personas con discapacidad en cuestiones económicas, o les quitan bienes y propiedades, por lo que es necesario que el Congreso del Estado elimine esta figura.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 25 de agosto de 2025.- Aunque en el pasado los juicios de interdicción eran utilizados para proteger a las personas con discapacidad, actualmente es una figura que suele emplearse para abusar de este sector poblacional, que en muchas ocasiones se queda sin patrimonio y recursos económicos en la etapa final de su vida.

Así lo advirtió  José Rodrigo Chan Cua, coordinador del Programa de Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey), quien precisó que Yucatán aún no ha eliminado este tipo de procedimientos de su Código Familiar.

En entrevista para Haz Ruido, explicó que en la actualidad existe el prejuicio de que las personas con discapacidad no tienen la capacidad jurídica de representarse por sí mismas, por lo que familiares suyos promueven los juicios de interdicción para que puedan sustituirlos en la toma de decisiones que supuestamente van a beneficiarlos.

“En su momento fue una figura de protección, pero ahora puede interpretarse como un abuso. Hemos conocido casos en los que los familiares se aprovechan de las personas con discapacidad a través de estos procedimientos en cuestiones económicas, o les quitan bienes y propiedades”, explicó el experto.

Abundó que por lo general los juicios de interdicción se aplican a personas con discapacidad intelectual y psicosocial mental, pero la realidad es que se han utilizado para abusar de gente con diferentes tipos de discapacidades, adultos mayores e incluso personas mayahablantes.

Rodrigo contó que se reportan casos, sobre todo en los municipios del interior del estado, en los que están interdictando a personas mayahablantes, quienes al no tener la posibilidad de comunicarse en español o porque no saben leer y escribir, ceden su voluntad a otra persona  durante juicios civiles y familiares, quienes se aprovechan de ellos.

El funcionario de la Codhey indicó que grupos poblacionales de atención prioritaria se están viendo afectados por este tipo de procedimientos, por lo que es necesario que el Congreso del Estado actualice las leyes yucatecas conforme a la reforma del 2023 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la cual plantea que dicha figura ya se debe descontinuar.

Agregó que Yucatán tiene hasta abril del 2027 para homologar su Código de Familia, por lo que la Codhey estará acompañando los proceso legislativos que se requieran para eliminar los juicios de interdicción, entre otros temas.

Eso sí, reconoció que también hay familias que han externado su inquietud de que sus hijos con discapacidad pudieran quedar desprotegidos en el futuro al eliminarse esta figura, pero explicó que el Código Nacional plantea, en casos extraordinarios o muy severos en los que las personas no puedan tomar decisiones de manera voluntaria, que se apliquen otras medidas, como los sistemas de apoyo.

En estos sistemas, agregó, tienen que intervenir diversas autoridades, incluidos juzgadores con perspectiva de derechos humanos y derechos de personas con discapacidad.

En ese sentido, recordó que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU reconoce en su articulo 12 que este sector poblacional cuenta con  capacidad jurídica, por lo que de ninguna manera pueden ser declarados incapaces en la toma de decisiones.