Proponen reformar el Código Penal para incluir conductas como “depositar” y “arrojar” los cadáveres de las mujeres con la intención de desaparecerlos. También, contemplar los contextos políticos y comunitarios como antecedentes de violencia.

Además, aumentarán las penas si el feminicida suministró estupefacientes o psicotrópicos a la víctima para causarle inconsciencia.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 9 de Septiembre de 2020. La bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el Código Penal que contempla ampliar los actuales supuestos jurídicos y los agravantes para castigar los feminicidios en Yucatán. Destaca incluir las conductas de “depositar” y “arrojar” los cadáveres de las mujeres con la intención de desaparecerlos, y aumentar las penas si el feminicida suministró estupefacientes o psicotrópicos a la víctima para causarle inconsciencia.

La propuesta fue presentada por la diputada Milagros Romero Bastarrachea, quien enfatizó que muchas mujeres siguen siendo acosadas y amenazadas por hombres cercanos a ellas, y que esa razón las motivó a endurecer la tipificación de ese delito.

Entre los cambios que se plantean, está modificar en el artículo 394 Quinquies la fracción III, para incluir como antecedente de violencia en contra de las víctimas los contextos políticos y comunitarios,   pues recalcó que éstos cada vez son más recurrentes en los espacios públicos.

“Las manifestaciones de violencia comunitaria son toleradas, justificadas y minimizadas, como el acoso y el hostigamiento sexual y, muy frecuentemente cuando ellas se oponen a éstas, reciben aún más”, lamentó la legisladora en la Tribuna del Congreso del Estado.

En ese punto, recordó la historia de Marcela Sánchez que documentó Haz Ruido, quien desde hace más de un año es prisionera en su propia casa, pues es hostigada por un vecino sin que las autoridades hagan algo para frenarlo, a pesar de las pruebas que ha presentado. 

Romero Bastarrachea también propuso que en la fracción V  se considere dentro de las causales la relación laboral, docente o de alguna otra que evidencie desigualdad o abuso de poder entre el agresor y la víctima.

En la VI, que se incluyan las amenazas indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, es decir, que éstas no tienen que ser hacia la víctima, sino que pudieran ser afectadas hacia personas del entorno cercano a ésta. De tal forma, se abre la posibilidad de que el Ministerio Público sustente ese tipo de amenazas como evidencias en sus investigaciones.

En cuanto a la fracción VIII, que tiene que ver con el cadáver de las víctimas, la legisladora propuso que se añadan  las conductas “depositar” y “arrojar”,  pues estas tienen la intención de desaparecer el cuerpo de las mujeres asesinadas o que se dificulte su búsqueda. 

“Esos conceptos son importantes para recibir justicia después del feminicidio, porque como no están contemplados en el Código Penal, no se consideran como agravantes al momento de imponer la pena. Es decir, actualmente no aumenta el castigo cuando el cadáver se arroja dentro de bolsas a lado de la basura”, ejemplificó.

Por último, la diputada de Movimiento Ciudadano propuso que se agregue una nueva agravante, que tiene que ver con el uso de enervantes y sustancias psicotrópicas para vencer la voluntad de la víctima previamente a cometer el feminicidio. La intención es incrementar la pena hasta en una tercera parte. 

“Aquí se busca castigar la instrumentalización de la mujer, porque (los agresores) reducen su cuerpo disponible para la satisfacción masculina. Por eso hay ese temor de cuando nuestras hijas van a una discoteca, de que le pongan algo a la bebida”, explicó.   

Por cierto, Milagros Romero también solicitó cambiar la redacción de la tipificación de feminicidio en el Código Penal, que actualmente la establece como la acción de privar la vida de una mujer por “razones de género”, para que se especifique  “por razón de género”, pues hay muchas confusiones de que se deben de cubrir más de dos circunstancias para que ese tipo penal sea aplicable.

La legisladora presentó su iniciativa en el Pleno del Congreso, por lo que se espera que sea turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su análisis y discusión en breve.