En la clausura del periodo ordinario de sesiones se aprobó multar a quien haga mal uso del número de emergencias.

Además, las y los diputados autorizaron la revocación de mandato y expidieron la ley para prevenir adicciones. 

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 15 de diciembre de 2019.- Al finalizar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de la actual legislatura del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad modificar la Ley estatal de Seguridad Pública, para que el usuario de una línea telefónica o instrumentos tecnológicos que permita o realice llamadas a los sistemas de emergencia para dar un aviso falso de alerta, será sancionado con multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización (UMAs) o con un arresto de 24 a 36 horas.

El promovente de la iniciativa, el diputado del PRI Luis Borjas Romero señaló  que las estadísticas oficiales indican que en Yucatán, durante 2018, de las más de 850 mil llamadas de emergencia, aproximadamente 730 mil fueron improcedentes, es decir, no se canalizaron a ninguna corporación al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien llamadas no contestadas o falsas.

“Esta situación entorpece el servicio y afecta la procuración eficaz a los avisos que requieren inmediata respuesta. En síntesis, cada llamada falsa pone en peligro una vida ya que todas las llamadas improcedentes aumentan el tiempo de respuesta en una emergencia real”, recalcó.Borjas sostuvo que como legisladores deben tomar acciones para blindar a Yucatán contra la inseguridad. “No más llamadas falsas al 911, la tarea es de todos”, finalizó.

Además, los diputados aprobaron por unanimidad la adición del artículo 68 Bis y reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios, para establecer las funciones de las autoridades auxiliares, propuesta por Alejandro Cuevas Mena (PRD).

Asimismo, fue avalada por mayoría, con votos en contra del PAN, la Minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana, en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por la Cámara de Diputados.

Karla Franco Blanco (PRI), señaló que este decreto surge en virtud de que existe una latente pérdida de confianza hacia las instituciones y falta de credibilidad a los servidores públicos, problemática que se ha ido incrementando año con año, por tanto, resulta necesaria la implementación de un nuevo diseño institucional, en donde estos conceptos sean la base para lograr una mayor interrelación entre el gobernante y el gobernado.

“Dotando a la ciudadanía de instrumentos que puedan hacer valer al momento de intervenir en el proceso de destitución de los servidores públicos”, resaltó.

De la misma manera, los legisladores avalaron expedir la Ley de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, para lo cual, el impulsor de la iniciativa, Manuel Díaz Suárez, fue enfático en que esta nueva Ley contempla las adicciones a las sustancias, pero en especial, a las conductuales o comportamentales, como son los videojuegos y la ludopatía.

Incluso, detalló que la Encuesta Estatal de Adicciones, reporta que en 2014 el 3.3% de la población de Mérida cumplía con los criterios de adicción a internet, el 8.3% de adicción al teléfono celular y el 1.8% al criterio de ludopatía, y el Centro de investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, reveló que 7 de cada 10 jóvenes no duerme el tiempo adecuado por estar conectado a internet, ya sea en YouTube, Facebook, instagram o simplemente navegando en la conocida red.

Sobre el mismo tema, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, advirtió que la ludopatía es un problema “que está carcomiendo a jóvenes, amas de casa, jubilados y pensionados, porque los casinos han apostado por llamar más la atención de nuevos clientes, principalmente al primer sector social referido.

“Los jóvenes pueden ser el futuro de la adicción o pueden ser el futuro de la nación; por ello, no queremos que existan máquinas de juego cerca de escuelas, universidades o cualquier espacio como estos, al alcance de este grupo social”, subrayó.

En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) reconoció a la actual Legislatura por ser más madura y unida, trabajando por el bien de Yucatán, porque son responsables de cada voto con el fin de refrendar la confianza de los ciudadanos, “para que vean que sí sirven los diputados”.

También, presentó una iniciativa para reformar el artículo 115 del Código Penal del Estado, en materia de violencia familiar, porque es un problema de salud pública, para establecer que no podrá otorgarse el perdón de los ofendidos.