Ayuntamientos yucatecos informaron que cuatro personas fueron retiradas de sus cargos y otras seis, suspendidas.

Por Redacción.

Mérida, Yucatán, 4 de agosto de 2020.-Debido a que se detectó que cometieron irregularidades con recursos extraordinarios en esta emergencia sanitaria al buscar acceder al Seguro de Desempleo, 36 funcionarios de 17 ayuntamientos yucatecos fueron sancionados conforme a sus propias normativas, luego de la activación de Mecanismo de Queja del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY).

El pasado mes de abril, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, Mónica Febles Álvarez-Icaza, suscribió la respectiva queja dado a que había indicios de posibles actos de corrupción de servidores públicos, quienes pretendieron acceder a los apoyos del Programa de Desempleo que puso en marcha el Gobierno del Estado con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Información remitida a la Secretaría Ejecutiva del SEAY, señala que hasta el momento han dado respuesta a esta indagatoria un total de 44 ayuntamientos, y en 17 de ellos se encontraron 36 servidores municipales que habrían incurrido en irregularidades y abusos del cargo.

En función a la gravedad de la falta cometida por los servidores públicos, se impusieron sanciones que van desde apercibimientos y suspensiones hasta el cese definitivo.

Es así como fueron retirados de sus cargos cuatro personas; otras seis, suspendidas; a 16 más les abrieron expedientes administrativos y recibieron amonestaciones; en dos casos se realizaron procedimientos con base a códigos de ética; y, finalmente, a ocho personas más están por determinarse las sanciones correspondientes.

Todavía faltan por dar respuesta al SEAY un total de 62 ayuntamientos, así como distintas entidades y dependencias de la administración pública estatal. 

Como se recordará,  a raíz de la emergencia por Covid-19, el Gobierno del Estado dispuso de acciones extraordinarias para hacerle frente a las crisis de salud y económica, entre las que destaca el Programa de Desempleo, para que las personas que se quedaron sin trabajo en la pandemia recibieran un apoyo económico de 2 mil 500 pesos.

Sin embargo, tras la publicación del listado de beneficiarios, hubo señalamientos en medios de comunicación y redes sociales sobre injusticias por la inequidad en la que algunos servidores públicos incurrieron cuando presentaron solicitudes para pretender acceder, indebidamente, a esos recursos.

A fin de dar curso a las indagatorias correspondientes, el Comité de Participación Ciudadana del SEAY activó el Mecanismo de Queja y promovió que se iniciaran las acciones para castigar hechos de corrupción o faltas administrativas.