Colectivos dedicados a la defensa de los derechos de los pueblos originarios presentaron recursos jurídicos en contra de los megaproyectos de AMLO.

Por Claudia Arriaga.

Mérida, Yucatán 10 de agosto del 2020.-Para tratar de frenar los cinco megaproyectos del Gobierno Federal, entre los que se incluye el Tren Maya, colectivos dedicados a la defensa de los derechos de los pueblos originarios iniciaron procedimientos jurídicos: un juicio de amparo y una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

En rueda de prensa, Víctor Caballero Sierra, abogado de  Aequus Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, explicó que la  demanda se presentó este viernes y ya fue turnada al Juzgado Decimoquinto de Distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México.

“Se están haciendo valer agravios como violaciones al derecho a ser consultados para la realización de un acto que impacte en diversos aspectos de la vida nacional y otra es que se dio a partir de consultas indígenas simuladas en el país. En el tema ambiental corresponde a violaciones de derechos humanos por afectaciones ambiental y ecológico. Y también la parte administrativa y la afectación en materia arqueológica e histórica”, comentó. 

La demanda es contra el Gobierno Federal; el presidente Andrés Manuel López Obrador; el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal; el secretario de Hacienda y Crédito Público,  Arturo Herrera Gutiérrez; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Petróleos de México (Pemex); el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; y el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

Además del Tren Maya, los colectivos intentan suspender los megaproyectos del Corredor Interoceánico, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos bocas y el Proyecto Integral Morelos. 

Por tal razón, también presentaron una queja ante Comisión Interamericana, la cual tiene el folio P-16-90-20, al que le darán seguimiento.

 De igual forma, los colectivos lamentaron que el último tramo del Tren Maya esté en mano de los militares y la Guardia Nacional, la cual, indicaron, se creó para “cazar” a los migrantes. “ Es una legalización de la militarización que viene a partir de una trampa legislativa, que faculta al titular del Ejecutivo de disponer de las fuerzas militares y lo ejerce precisamente en la pandemia”, agregó Víctor Caballero. 

Por su parte,  el activista e integrante de la organización Múuch’ Xíinbal – Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Pedro Puc Be, reiteró que el Poder Ejecutivo no les permite defenderse  y ha tramado una confabulación entre las autoridades para que a los mayas no se les hagan justicia.

“Esto es un conflicto del país, no solo de los pueblos indígenas, un tren no va a resolver nuestro problema, queremos tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo, que no nos sigan tratando como estúpidos”, enfatizó. 

Agregó que en el procedimiento de consulta del Tren Maya se excluyó a las mujeres. “La presencia de la mujer en los ejidos es sumamente escasa, por lo tanto la consulta las excluye de este ejercicio”, explicó. 

Los otros colectivos que participaron en los procedimientos jurídicos contra los megaproyectos son el Congreso Nacional Indígena y la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal.