Corte atrae amparo contra SDS por no consultar al pueblo maya

La Suprema Corte atrajo el amparo de pobladores de Chapab y Kinchil contra una norma que no contempla su consentimiento para la regularización de empresas porcícolas.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 16 de octubre de 2025. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo para decidir si se debe consultar a los pueblos mayas de Yucatán frente a la elaboración de normas ambientales, sobre todo las relacionadas con la reglamentación para la industria porcícola, informó la organización civil Kanan Derechos Humanos.
A través de un comunicado, se recordó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS) fue demandada por personas de pueblos mayas en Yucatán debido a la publicación de la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDS-22, el 23 de diciembre de 2022. Dicha norma fue emitida en un contexto de críticas y mesas de diálogo con diversas autoridades para dar respuesta y solución a los asuntos ambientales derivados de esta industria en la entidad.
No obstante, la SDS no consultó ni pidió el consentimiento previo de los pueblos mayas para la publicación de la Norma Técnica Ambiental, con base en parámetros de los derechos de pueblos originarios mayas. Es decir, no realizó una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para cada uno de los pueblos afectados.
Por su parte, la Norma Técnica Ambiental tampoco reconoce que las empresas y la autoridad deban consultar a los pueblos durante ese proceso de regularizar sus operaciones, aun cuando afecten sus territorios o lugares adyacentes de donde viven.
Por ello, en enero de 2023, personas de Chapab y Kinchil, con el acompañamiento legal de Kanan Derechos Humanos, A. C., presentaron una demanda de amparo en conntra de la SDS por vulnerar el derecho a la consulta y consentimiento previo, como parte de los derechos a la libre determinación y autonomía que tienen como pueblos mayas.
El asunto fue resuelto por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, el cual no reconoció la legitimidad de las personas para demandar dicha norma; por lo que se tuvo que interponer un recurso de revisión, el cual fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida hacerla suya y resolver el asunto por sí misma.
El ministro Presidente Hugo Aguilar y la ministra Lenia Batres decidieron hacer suya la solicitud de reasución del caso, para solicitarle a las y los ministros del Pleno que ellos resuelvan el asunto, y no así un Tribunal Federal en yucatán.
El día de hoy, 16 de octubre de 2025, en sesión del Pleno por mayoría de 8 votos a favor, y 1 en contra, el Pleno de la Suprema Corte decidió reasumir la competencia para conocer el asunto y resolverlo en definitiva.
En palabras de la Ministra Lenia Batres: “A favor de la competencia, dado que se trata de un tema muy importante. Se plantea si el gobierno de Yucatán específicamente debe realizar consultas a las comunidades indígenas para la autorización de centros pecuarios porcicolas en el estado que ha sido un tema de enorme conflicto social.”.
Por su parte, el Ministro Giovanni Figueroa señaló: “A favor porque considero que este tema si amerita la competencia originaria, debido a que como ya se señaló subyace en él el derecho de las comunidades indigenas a ser consultadas antes de la emisión de normas de tipo ambiental.”.
Cabe señalar que esta es la primera vez que la Suprema Corte atrae un caso para analizar de fondo violaciones al derecho a la consulta de comunidades mayas en el marco de la industria porcícola.
“Desde Kanan Derechos Humanos A. C., nos resulta particularmente fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya hecho suyo el asunto en cuestión, puesto que puede establecer criterios claros y determinantes sobre el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos mayas frente a normas ambientales que puedan afectar su territorio, particularmente en el contexto de la península de Yucatán frente a la industria porcícola, que en los últimos años ha sido cuestionada por sus impactos negativos en el agua y suelo del Estado”, concluyó la asociación. (Foto de Archivo)








