Decisiones controvertidas de Vila generaron beneficios a personajes cercanos a su gobierno, pero perjudicaron a la clase trabajadora y al personal de salud, por lo que la molestia generalizada creció en las redes sociales durante el año pasado.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 2 de enero de 2021.- Con el paso de los meses, la crisis de salud por el Covid-19  empeoró en Yucatán durante el 2020, al grado de que la inconformidad de la ciudadanía y del personal de salud se manifestó en las redes sociales. Lamentablemente, las autoridades siguieron tomando decisiones controvertidas que beneficiaron a personajes cercanos al gobierno y perjudicaron a la clase trabajadora. Continuamos con la segunda parte de la cronología de esta pandemia del año pasado:

En la noche del 30 de marzo, doña Ethel Trujillo aterrizó en suelo yucateco luego de varios días de desesperación en Perú, país sudamericano en donde quedó atrapada cuando las autoridades cerraron las fronteras. Su esposo Isaías Rodríguez falleció en esa nación, víctima de Covid-19, cuando estaban de vacaciones. Este caso causó revuelo nacional e incluso intervino el canciller Marcelo Ebrard para rescatarla.

A principios de abril, decenas de personas acudieron al Palacio de Gobierno a exigirle al gobernador Mauricio Vila Dosal que les reciban sus documentos para acceder al programa de Seguro de Desempleo. La gente estaba enojada porque el trámite se hizo a través de una página de internet que se cayó constantemente, además de que muchos pobladores de escasos recursos no tenían la tecnología para hacerlo.

El colmo fue que, a los pocos días,  se descubrió que funcionarios y muchas personas que no tenían problemas económicos sí lograron inscribirse y recibieron ese apoyo gubernamental. Por tal razón, el programa fue severamente criticado por su ineficiencia y por estar alejado de la realidad social.

Una situación similar ocurrió al poco tiempo, cuando se supo que como parte de las acciones para apoyar a empresas afectadas por la pandemia se beneficiaron principalmente los restaurantes de personajes cercanos a Vila, como la exfuncionaria Carolina Cárdenas Sosa y Rodolfo Rosas Moya, hermano de la secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno, Olga Rosas.

Estos casos poco transparentes así como la mala calidad de las despensas que se repartieron a personas en situación de vulnerabilidad, fueron cuestionados por la oposición en la Tribuna del Congreso del Estado, ya que dichos programas estaban siendo financiados a través del empréstito de mil 500 millones de pesos que le autorizaron al gobernador.

Para mayo, el ayuntamiento de Mérida reportó un brote de la enfermedad con 47 personas contagiadas en los mercados de San Benito y Lucas de Gálvez, por lo que tuvieron que cerrar esos sitios. Lo mismo sucedió al poco tiempo en el Rastro, en donde se enfermaron 17.

El día 18 de ese mismo mes, un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida falleció a causa de Covid-19. Con el paso de los días se supo que más personas privadas de su libertad se contagiaron y hasta se reportó un conato de revuelta por esta situación.

A inicios de junio, el gobernador Vila dio a conocer su propio Semáforo Epidemiológico estatal, con indicadores que variaban con respecto al instrumento de la Secretaría de Salud federal. La intención fue beneficiar a los empresarios yucatecos  que lo presionaban para reabrir sus negocios en la pandemia.

Para esas fechas, la crisis sanitaria se agudizó, pues cada vez había más casos de contagios y los hospitales públicos y privados se saturaban de pacientes, pero el panista negó en todo momento la falta de capacidad hospitalaria.

Fue entonces que volvió a implementar una estrategia controvertida y que causó problemas a la clase trabajadora. A mediados de julio anunció la cancelación de la circulación vial de las 10: 30 de la noche y hasta las 5 de la mañana. En redes sociales empezaron a viralizarse casos de personas que, debido a esta medida, se quedaron sin transporte público al salir del trabajo, por lo que tuvieron que dormir en la calle.

En ese mismo mes fallecieron a causa de Covid-19 la alcaldesa de Maxcanú, Marlene Catzín Chi; el presidente municipal de Samahil, Rigoberto Tun Salas; y el comandante Federico Cuesy Adrián, director de la Policía Municipal de Umán y quien estuviera al frente de diversas corporaciones durante su carrera.

El 13 de julio, Vila Dosal tuvo que abrir el hospital temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI, luego de una fuerte presión social por parte de la ciudadanía y de los trabajadores de los nosocomios públicos y privados, pues durante semanas se negó a echarlo a andar, a pesar de la crisis sanitaria.

Al gobernador no le quedó de otra, pues días antes fue vapuleado en redes sociales porque encabezó un evento en el que iluminó de azul el muelle de Progreso, supuestamente en reconocimiento a la lucha del personal médico en la pandemia. Enojados, los trabajadores de salud le reclamaron la burla, pues no necesitaban ese “homenaje”, sino que el hospital temporal empezara a funcionar.

Para finales de agosto, personal del sector salud que estaba de licencia porque padece comorbilidades y forma parte de los grupos de riesgo, acusaron a la Secretaría de Salud estatal (SSY) de hostigamiento y violación a sus derechos humanos. Algunos se ampararon al ser presionados para que regresen a sus centros de trabajo y aún así, el acoso laboral continuó.

En esas mismas fechas inició el ciclo escolar, pero en medio de protestas, porque la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) se negó a contratar a maestras y maestros de las asignaturas de Artes, Educación Física, Tecnología y Tutoría, excusándose de que no eran necesarios sus servicios en las clases virtuales. (Continuará)