El activista César Briceño criticó que en la actual administración estatal se retrocedió en el reconocimiento a los derechos de la comunidad, que representa el 8.3 por ciento de la población yucateca.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 30 de junio de 2022.- El activistaCésar Briceño Castro, miembro del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, consideró que el Gobierno del Estado y el Congreso local siguen invisibilizando y atropellando los derechos de la comunidad LGBTI+ además de que no han impulsado políticas públicas a favor de este sector en cuatro años, a pesar de que representan el 8.3 por ciento de la población en la entidad.

Como se informó anteriormente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó esta semana los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, en la que se arrojó que en Yucatán 151 mil 552 personas señalaron que pertenecen a la comunidad LGBTI+.

Esto representa el 8.3 por ciento de los habitantes en el estado, lo que coloca a Yucatán como la segunda entidad en el país con el mayor porcentaje de población LGBTI+.

Al respecto, el activista señaló en entrevista para Haz Ruido que estos resultados reflejan la importancia de legislar a favor de la comunidad.

“Nos dice mucho siendo Yucatán un estado en el que institucionalmente se nos ha invisibilizado a las personas LGBTI+. En los cuatro años de este gobierno no hemos tenido ningún avance en materia de políticas públicas a favor de este sector”, manifestó.

Eso sí, dijo que una parte de esta encuesta se efectuó en línea y si se considera que no toda la población del país tiene acceso a internet y, además, no todas las personas integrantes de la comunidad se enteraron de la existencia de esta encuesta, las estadísticas reales podrían ser mayores.

Por ello, consideró preocupante que, siendo un sector importante de la población en Yucatán, en lugar de que las autoridades avancen en el reconocimiento de sus derechos, lleven a cabo retrocesos y atropellos en ese ámbito.

En ese sentido, Briceño Castro puso como ejemplo la designación de nuevos magistrados sin carrera judicial y con historial antiderechos para ejercer durante los próximos 15 años, como es el caso de Patricia Gamboa Wong.

“En el 2009 fue una de las impulsoras desde la bancada del PAN de poner esos candados que acabamos de quitarle al matrimonio igualitario. Nos tardamos más de 10 años en eliminar el daño que esta persona le hizo a la población LGBTI+. Ella está involucrada con grupos antiderechos y que el gobierno la ponga ahora en el Poder Judicial habla de un retroceso”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que los pocos avances que se han logrado en el reconocimiento de los derechos de este sector, se han logrado gracias a la labor de los activistas y defensores y no por voluntad política de las autoridades, como es el caso del matrimonio igualitario y la prohibición de las terapias de conversión.

“Se hicieron a pesar del Gobierno Estatal y del Congreso. Estas fueron iniciativas impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil, quienes les “torcieron la mano” a las autoridades para que las aprobaran. No fue de ninguna manera algo voluntario, tenían a la Suprema Corte de Justicia soplándoles la nuca”, apuntó.

Por otra parte, el activista calificó de inoperante al Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Yucatán (Cepredy), ya que fue limitado en presupuesto.

César Briceño señaló que, si hubiera una verdadera voluntad política de las autoridades, se lograría visibilizar a la población LGBTI+ de la entidad.

“El 28 de junio fue el Día del Orgullo LGBTI+ y no se hizo ninguna mención por parte del gobierno estatal en esta fecha, como ha sucedido en los cuatro años anteriores”, aseveró.

Finalmente, consideró que, si el panorama fuera distinto y existiera un apoyo verdadero a estas causas, se aprobarían iniciativas en el Congreso como la Ley de Identidad de Género y políticas públicas para la comunidad emanadas desde el Ejecutivo. (Foto de Luis Pérez Guarneros)