La diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela González, criticó que a pesar de que existe una sentencia, se omitió una partida presupuestal para atender a este sector en el Paquete Fiscal 2024.

Expuso que esta omisión envía un mensaje muy claro: los grupos en situación de vulnerabilidad no forman parte de las prioridades del Ejecutivo.

Por Itzel Chan 

Mérida, Yucatán, 6 de diciembre de 2023.-Al aprobarse el Paquete Fiscal 2024, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda, exhibió que de nueva cuenta los Poderes Ejecutivo y Legislativo no contemplaron recursos  para la creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán, a pesar de que existe una sentencia de un juzgado federal que ordenó que se apliquen en el presupuesto. 

En su intervención en la Tribuna del Congreso local, lamentó que el proyecto de presupuesto de Egresos del próximo año sigue sin incluir una partida para atender las necesidades de este sector. 

Como hemos informado, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y Amicus interpusieron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado para incluir una partida presupuestaria específica para atender este sector, y obtuvieron una sentencia a su favor en junio pasado por parte del Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida.

Por tal razón, en la distribución de presupuesto para este año era obligatorio que se destinara una parte de los recursos para este sector de la población, pero no pasó y de nuevo no se consideró en el Paquete Fiscal 2024. 

En este sentido, la legisladora Gabriela González recordó que aunque el amparo fue presentado en esta administración, no se implementó ningún tipo de política pública que atienda a este sector y tampoco se hizo para  el próximo año.

 “Ni el Ejecutivo ni este Poder modificaron el presupuesto vigente. Es una vergüenza que la ciudadanía tenga que ampararse para que el Poder Judicial obligue al Ejecutivo y al Legislativo a respetar sus derechos”, indicó. 

Además, expuso que esta omisión envía un mensaje muy claro: los grupos en situación de vulnerabilidad no forman parte de las prioridades del Ejecutivo.

 Hay que mencionar que en la sentencia que se les había dictado a ambos Poderes se especificaba que la partida se tenía que crear en un Anexo que ya existe, que es el 2.3, el cual particularmente se destina a grupos vulnerables, por lo que se trataría de asignar una parte de los 493 millones 750 mil pesos.