La iniciativa fue aprobada por el Congreso local hace dos años y aún no tiene efectos en Yucatán porque no se ha publicado en el Diario Oficial, por lo que las personas LGBTQ+ no pueden denunciar estos actos de violencia.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 31 de agosto de 2023.-Integrantes de la asociación Kanan Derechos Humanos y del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, presentaron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal para exigirle que promulgue y publique en el Diario Oficial la reforma que prohíbe las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género), misma que fue aprobada desde el 2021 en el Congreso del Estado.

En un comunicado, las organizaciones civiles recordaron que, a dos años de la aprobación de dicha reforma, no ha podido entrar en vigor ya que el jefe del Ejecutivo no la ha promulgado y publicado en el Diario Oficial del Estado, impidiendo que sean denunciados estos actos de violencia contra las personas LGBTQ+ en Yucatán.

Como informamos en Haz Ruido, el 25 de agosto de 2021, con 25 votos a favor en el Congreso del Estado, se reformó el Código Penal para castigar hasta con tres años de prisión o 200 días de multa a quien obligue, permita, consienta o aplique terapias, métodos, tratamientos o actos que anulen o repriman el libre desarrollo de la personalidad, la orientación e identidad sexual, expresiones o manifestaciones de género, provocando daños a la capacidad física o mental a la víctima.

La propuesta fue hecha por el entonces presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, el priísta Felipe Cervera Hernández, y fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, aún no ha sido promulgada. 

Por ello, este 29 de agosto, integrantes de Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán presentaron una demanda de amparo en contra del gobernador para exigirle que promulgue y publique la reforma en cuestión en cumplimiento de su obligación constitucional.

Asimismo, las agrupaciones informaron que hoy 31 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán admitió la demanda, con el cual se busca la oportunidad legal de responsabilizar a aquellas personas que continúan con dichas prácticas en la entidad buscando “curar” o “corregir” la orientación sexual e identidad de género.

“Debido a que los derechos de la comunidad LGBTQ+ no han sido tomados en consideración por parte del gobernador durante toda su gestión, nos vemos en la necesidad una vez más de obligarlo desde la sociedad civil a hacer su trabajo por la vía judicial para contrarrestar la violencia institucional contra la población LGBTQ+ que ha caracterizado a toda su administración”, concluyeron en el comunicado.