Al recalcar que sí hay casos de este delito en Yucatán, activistas presentaron un amparo por omisión legislativa.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 28 de marzo de 2023.-Integrantes del Colectivo Iniciativa Sinaloa y familiares de víctimas de desaparición forzada, interpusieron una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra del Congreso de Yucatán por omisión legislativa, ya que no han presentado una homologación con leyes federales en materia de Desaparición Forzada de Personas.

En rueda de prensa afuera de los Juzgados de Distrito de Yucatán, Carmen Garnica Luna, titular de Incidencia y Vinculación de esta agrupación, expuso que trabajo de periodistas mexicanos han expuesto casos de personas desaparecidas, incluyendo los que han pasado en el territorio yucateco.

“Quizá no es un tema tan mencionado como en otros estados de la frontera Norte, pero existe una omisión legislativa en el estado, lo que hace que haya imposibilidad para que se resuelvan los casos”, apuntó la activista.

En su mayoría, se trata de casos en los que no existe un debido proceso y este amparo es una segunda etapa de la incidencia porque el año pasado se presentó una propuesta de iniciativa de ley ante el Congreso del Estado, pero han pasado poco más de seis meses y no se notan avances.

El amparo presentado fue por omisión legislativa porque cuando hay una ley federal se tiene que publicar cada ley en los Congresos locales, pero ya se vencieron los primeros 80 días de plazo y hasta ahora no hay avances.

Garnica explicó que las leyes de este tipo deben existir, ya que es una problemática que se presenta en todo el país. “La idea es que exista un debido proceso, que existan organismos que puedan llevar a cabo los procedimientos, porque inclusive se han dado irregularidades en la búsqueda de sus familiares”, añadió.

Dijo que a pesar de que Yucatán se autodescribe como una tierra en donde no pasa nada y todo es seguro, sí hay registro de casos de personas desaparecidas y ante la indiferencia de las autoridades y leyes que les obligan a cumplir con los procedimientos, al mismo tiempo no hay datos exactos de estos casos.

“Hay denuncias, pero no hay resultados sobre si las personas fueron encontradas o no, o sea no hay resultados ni respuestas a los familiares”, agregó.

Cada desaparición forzada es un caso particular y específico, pero al no haber una ley de regulación de esta situación, las autoridades locales no dan seguimiento al tema, por lo que se ha interpuesto este amparo por omisión.

Un caso es el de Wendy, quien denunció desde hace 10 años que su mamá, Susana, desapareció y aunque ya hay conocimiento de la situación y de las razones de desaparición, hasta ahora no hay respuestas ni justicia.

“Soy hija de la señora Susana que desapareció, ya sabemos en dónde está y qué pasó, pero simplemente no nos dan resultados, me dijeron que me iban a hacer la prueba de ADN y no hubo resultados, me dijeron que me iban a volver a llamar y eso ya tiene seis meses y hasta hoy nadie me ha llamado”, especificó.

Ya Wendy sabe que se trató de un pleito con un vecino, a quien su mamá denunció porque le robaba todo, así que él procedió a asesinar a su mamá y a su hermana y las enterró en la misma parcela donde él trabajaba.

A pesar de que él confesó y dio detalles del caso, aún no llega la justicia, ya que las autoridades consideraron que se pudo culpar a nombre de alguien más, así que lo dejaron libre.

“Lo seguimos viendo andando en las calles y es algo que no puedes olvidar porque ahí los tienes que ver a cada rato, se burla de nosotros”, aseguró la joven originaria de Tekax.

Casos como estos hay más en Yucatán y hasta ahora muchos quedan en el olvido, por lo que Garnica sí opinó que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto a partir de las legislaciones.

“Los servidores públicos suelen seguir las leyes que existen, entonces al no existir este tipo de normativas, no existen las facultades y ellos no les dan seguimiento en muchas ocasiones”, comentó.

En estados como Tamaulipas, Sonora y Sinaloa ya existen leyes en materia de desaparición forzada de personas y estas leyes dan vida a otros organismos, unidades especializadas que dan seguimiento a los casos y pueden dar una respuesta efectiva a familiares, así que es lo mismo que piden aquí en Yucatán.