La coordinadora jurídica de Unasse, Amelia Ojeda, consideró que es terrible que se elijan a nuevos magistrados que no tienen preparación ni conocimiento en el tema de acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de juventud e infancias

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 20 de junio de 2022.-La abogada y activista feminista Amelia Ojeda Sosa consideró que la reforma presentada por el Gobierno del Estado al Poder Judicial, que provocó el nombramiento de nuevos magistrados sin experiencia en la materia, es un retroceso para el acceso a la justicia a las personas en Yucatán, sobre todo en el caso de Patricia Gamboa Wong, quien ya ha sido señalada por su postura antiderechos.

En entrevista para Haz Ruido, la coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) consideró que es preocupante que se haya elegido a estos funcionarios que no cuentan con los conocimientos más avanzados en este ámbito.

“En general por todos los nombramientos que se están haciendo, ya que son personas que no tienen ninguna preparación ni conocimiento en el tema de acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de juventud e infancias”, señaló.

En el caso específico de Patricia Gamboa, indicó que no solamente ha tenido señalamientos por su postura antiderechos hacia las mujeres y la comunidad LGBTTTIQ+, sino que se ha hablado que, durante su gestión en el Centro de Justicia para las Mujeres, se cometieron violaciones a los derechos humanos. 

Por ello, consideró que habría un retroceso en materia de justicia para adolescentes, área al que fue asignada Gamboa Wong. Esto debido a que no cuenta con la capacitación adecuada en la materia, requisito que debe demostrarse en los funcionarios públicos que laboran en dicha área de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

“Lo que tendremos que ver y lo que tendrá que demostrar es si su postura personal va a quedar fuera de su quehacer como magistrada para garantizar el derecho de acceso a la justicia a todas las personas”, manifestó Ojeda Sosa.

Por otra parte, dijo que, por su historial de cercanía al Gobierno estatal, tampoco se puede garantizar que estos nuevos magistrados tengan independencia judicial, es decir, que sean capaces de tomar decisiones aún en contra del Ejecutivo.

“Queda muy en entredicho que sean totalmente independientes del Ejecutivo para poder resolver los casos donde se involucren a servidores públicos o instancias de gobierno que estén cometiendo violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía”, aseveró.

Finalmente, Amelia Ojeda calificó de “terrible” el panorama que actualmente enfrenta Yucatán en el Poder Judicial.

“Yo creo que quienes no tienen la experiencia, quienes no se han preocupado por estos temas y además tienen una postura antiderechos en estos casos no podrían actuar adecuadamente en esta magistratura, que más bien es como un pago de favores políticos”, finalizó.