Los casos de incumplimiento de laudos a ex trabajadores están a punto de llegar a la Suprema Corte.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 14 de noviembre del 2018.- El magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar, advirtió que las y los alcaldes de Tekax, Seyé, Tekantó y Tixkokob podrían ser destituidos de sus cargos si no pagan los laudos a personal que fue despedido injustificadamente por los ayuntamientos en el pasado.

Antuña Aguilar explicó que se trata de juicios que se vienen arrastrando desde hace años y que, con el paso de las administraciones, nunca se cumplió con lo que ordenó dicha instancia.

Abundó que jueces federales de distrito intervinieron en estos casos al detectar que existe una negativa clara para cubrir los laudos o no hay una justificación legal para el impedimento de acatar la resolución. Por tal motivo, se turnaron los expedientes a un Tribunal Colegiado.

Sostuvo que se está en el proceso de análisis de la situación de esos cuatro asuntos jurídicos que enfrentan los ayuntamientos, por lo que todo parece indicar que los remitirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La Corte, en un extremo, ordenaría a los municipios pagar los laudos en un determinado tiempo y, de no hacerlo, podrá decretar la destitución de los alcaldes”, recalcó el magistrado presidente.

En la sentencia, agregó, los ministros pueden incluir que se remueva al síndico, al tesorero y a todo el cabildo, dependiendo de quién se desprenda la responsabilidad de no querer cumplir.

Informó que Tekax se encuentran en este escenario crítico porque los laudos rebasan los ocho millones de pesos, mientras que Seyé y Tixkokob adeudan cantidades cercanas a los tres millones cada uno; asimismo, Tekantó con aproximadamente 600 mil.

Se trata de montos de varias trabajadoras y trabajadores que demandaron a los ayuntamientos por despidos injustificados, por lo que las autoridades de estas localidades podrían, además, ser inhabilitadas de la función pública y sujetas a proceso penal.

Eso sí, Antuña Aguilar precisó que de igual manera podrían ser inhabilitados las y los ex funcionarios de las gestiones anteriores, ya que los juicios fueron atraídos por las instancias federales cuando ellos gobernaban.

Recordó que en Yucatán ya ha ocurrido una situación similar. A principios de año, la SCJN ordenó al entonces alcalde de Celestún, Leonel Rosado Mena, que pagará un laudo a más tardar en 15 días o, de lo contrario, sería destituido; al final, cubrió el monto y se detuvo el procedimiento de suspensión.