En las elecciones, valdría la pena que otras posturas obliguen a los partidos políticos a escuchar la deuda histórica pendiente de subsanar en materia de derechos humanos para las mujeres y la comunidad LGBTI+.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 22 de enero del 2021.- Los grupos conservadores podrían tener nuevamente peso en la agenda política de Yucatán, como ocurrió en el 2018, cuando invitaron a los candidatos a la gubernatura a participar en el Foro “Familia Rumbo al 18”, convocado por el Frente Nacional por la Familia.  Por tanto, es necesario que las otras posturas obliguen a los partidos políticos a escuchar la deuda histórica pendiente de subsanar en materia de derechos humanos para las mujeres y la comunidad LGBTI+.

En entrevista, el politólogo y analista Juan Pablo Galicia, explicó que la organización de estas agrupaciones conservadoras y su capacidad de convocatoria es lo que permite que se posicionen fuertemente.

“Ya salieron a la luz estos grupos para hacer el trabajo que les corresponde, sería necesario que salieran las otras posturas contrarias. Porque ese vacío que existe en la plaza pública está siendo ocupado por aquellos organizados, valdría la pena que también lo hicieran las y los otros para poder discutir diversos asuntos rumbo a las elecciones”, comentó.

Juan Pablo Galicia, politólogo.

Lamentablemente, para las y los próximos candidatos estas actividades de los conservadores se convierten en un botín político y en votos que no están dispuestos a perder. “Se corre el riesgo de que en realidad el espacio sea dominado, no por quienes son la mayoría, si no por quienes gritan más fuerte o llegaron primero”, dijo Juan Pablo Galicia.

Sobresale que, estas organizaciones ligadas a la iglesia cambiaron el discurso para operar dentro del marco de la legalidad en este proceso electoral. Por ejemplo, en el comunicado que entregaron a los partidos políticos para condicionar el voto a cambio de no garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, enfatizaron que se trataba de un tema de derechos humanos (sic).

“Han sabido manejarse con lo que plantea la ley, porque la ley electoral y norma prohíbe manifestaciones donde se vincule la fe. Y ya no existe alguna alusión a temas religiosos y por tanto son legales. Sí están protegidos por la libertad de expresión, aunque sabemos que el origen es de valores morales y educación religiosa”, enfatizó.

Para Juan Pablo Galicia una de las acciones que podrían realizar las organizaciones que  luchan por la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+, es entregar un posicionamiento que obligue a los partidos y a próximos aspirantes de puestos de elección popular a pronunciarse en el tema.