No sale de su casa y recordar lo acontecido sigue siendo delicado. La reparación del daño a la que tiene derecho tanto ella como su familia, requiere otro proceso legal por el cual la mayoría de las mujeres en su situación no desean volver a pasar.

Por Lilia Balam y Katia Rejón.

Mérida, Yucatán, 31 de julio de 2020.-“Ella se traumó con todo esto. Imagina todo lo que te dicen. Yo la comprendo, porque ella no supo nada. Hasta ahorita le preguntas algo y como que ella no se acuerda. No hay perdón de dios para lo que le hicieron”, afirmó Nayi, refiriéndose a su tía Evelia, quien pasó 10 años en una cárcel de Yucatán condenada injustamente tras pérdida del embarazo.

Aunque ya tiene empleo, Evelia no sale de su casa y recordar lo acontecido sigue siendo delicado para ella. La reparación del daño a la que tiene derecho tanto ella como su familia, requiere otro proceso por el cual la mayoría de las mujeres en su situación no desean volver a pasar.

Ella es una mujer maya de 39 años, quien en mayo del 2019 fue liberada del  Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tekax, luego de pasar ahí una década,  injustamente acusada de homicidio en razón de parentesco.

“En nuestra experiencia, las mujeres, después de pasar años en la cárcel, lo que menos quieren es volver a un tribunal. Y es entendible. Es posible pero es muy difícil porque tienen que luchar ellas. Las Libres las representaríamos y seguramente ganaríamos, pero son procesos largos que implican la fortaleza de las mujeres cuando ellas solo quieren salir y no saber nada del asunto”, explicó Verónica Cruz Sánchez, activista mexicana de esa asociación civil guanajuatense.

Sin embargo, además de la vía civil, es necesaria una reconstrucción completa de la vida personal, familiar y comunitaria de las mujeres que han sido encarceladas por el delito de aborto o ilícitos relacionados, así como terapia psicológica o psiquiátrica,  o procesos como divorcios y custodia de los hijos e hijas, aspectos que las políticas públicas no contemplan.

Una de las formas de acceder a la reparación integral del daño es a través del Centro de Atención a Víctimas, pero la institución actualmente se encuentra rebasada, pues no solo atiende a víctimas de derechos humanos sino de otros delitos, informó Karen Luna Rodríguez Bueno, coordinadora del área de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Recalcó que lo más complicado es acceder a medidas de no repetición: “La parte económica, desde las experiencias de GIRE, ha salido un poco más rápido, pero nos interesa impulsar las medidas de no repetición que es lo que hace que no haya otras víctimas. Por ejemplo, en el caso de mujeres víctimas de violación sexual a las que no se les permitió un aborto, las medidas de no repetición tendrían que ser que todo el personal de salud conozca el marco legal y conozca que no debe negar el acceso del aborto en estos casos. Y eso es muy difícil”, sostuvo.

Las medidas, coincidieron ambas, deberían incluir apoyos educativos, becas para retomar proyectos de vida, empleo o autoempleo, reparación simbólica, resarcimiento de gastos médicos y de justicia, y que las autoridades responsables reconozcan lo que hicieron y den una disculpa pública. (Foto de archivo de Lorenzo Hernández)