Indignación sostuvo que en vez de ofrecer garantías de no repetición en otros casos de decesos en los que han estado implicados policías, las autoridades de Yucatán garantizan impunidad, lo que perpetúa procedimientos y actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de cualquier persona detenida.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 18 de diciembre de 2022.- El pasado 4 de diciembre, el tabasqueño Roberto Lanz Hernández fue detenido violentamente por agentes de la Policía Municipal de Progreso en un retén de ese puerto. Debido a los golpes que recibió en la cabeza, presentó derrame cerebral y finalmente falleció el viernes.

De acuerdo con sus familiares, sufrió fractura de cráneo como consecuencia de las  graves lesiones sufridas en el contexto de la mencionada detención policíaca. Estuvo hospitalizado varios días y lamentablemente murió.

El hombre de 38 años de edad fue velado por sus familiares y amigos en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Ciénega 2000 Oriente en Progreso, y este domingo fue trasladado en su natal Paraíso, Tabasco, en donde será sepultado.

Su esposa, Candy Velázquez, informó que interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Yucatán (FGE) por el delito de homicidio, y acusan directamente a los policías de Progreso que lo golpearon en el retén.

Al respecto, la asociación civil Indignación declaró que esta muerte ocurrió en circunstancias que requieren ser investigadas de manera escrupulosa y de acuerdo a los más altos estándares para garantizar verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición.

Sostuvo que el deceso de Roberto Lanz se suma al alarmante número de personas que han fallecido en Yucatán bajo custodia policial o durante detenciones.

Indignación indicó que aunque tres policías municipales fueron dados de baja por la muerte del tabasqueño,  resulta absolutamente insuficiente frente a los hechos y no asegura justicia.

“En vez de ofrecer garantías de no repetición en otros casos en los que han estado implicados policías, autoridades de Yucatán garantizan impunidad, lo que perpetúa procedimientos y actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de cualquier persona detenida”, recalcó.

Agregó que resulta inevitable señalar la responsabilidad del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y del Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidé Ojeda, en la persistencia de casos de violencia policial, quienes a pesar de las reiteradas peticiones al respecto, han omitido implementar todas las acciones necesarias para prevenir y erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes entre los que se incluyen la violencia y la brutalidad policíaca y la utilización de fuerza desproporcionada, la mayor parte de las veces relacionadas con detenciones arbitrarias e ilegales.

“Al gobernador le hemos exigido reiteradamente no sólo las acciones necesarias para detectar, prevenir, investigar y sancionar cualquier trato cruel o abuso de la fuerza en el que estén involucrados servidores públicos y policías, sino también establecer los protocolos para investigar y establecer la responsabilidad de funcionarios públicos en todo fallecimiento ocurrido bajo custodia policial. A pesar de reiteradas peticiones, no ha informado sobre las acciones emprendidas en esta material. En vez de eso, se ha procurado impunidad en prácticamente todos los casos”, enfatizó.