Activista considera que las autoridades no están aportando soluciones para que quien cometa este tipo de delitos reciba una sentencia.

Criticó que las campañas de prevención se enfoquen en pedirle a las mujeres que no envíen fotos en lugar de concientizar a los hombres sobre el tráfico de este material.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 5 de enero de 2021.-La activista feminista Rosa Elena Cruz Pech, fundadora de la organización UADY sin Acoso, consideró que en Yucatán las autoridades deben proponer soluciones y herramientas para que las denuncias por violencia digital y contra la intimidad, lleven una sentencia justa y los casos no queden impunes.

Recalcó que los delitos contra la intimidad e imagen personal sí están contemplados en el Código Penal del Estado, pero hasta el momento no hay ningún caso que haya llegado a una sentencia.

En ese sentido, hizo mención sobre los resultados de la encuesta sobre violencia digital que lanzó el Gobierno del Estado a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey), en el que se informó que más del 50 por ciento de los participantes han sido víctimas de este delito, siendo el acoso sexual el segundo tipo que más prevaleció después de las burlas.

Manifestó que detrás esta problemática también abarca el aspecto emocional y psicológico pues “muchas (mujeres) que han experimentado la violencia digital han querido atentar contra su vida”, enfatizó.

“Es indignante que las autoridades presuman la existencia de la Ley Olimpia pero no están dotando de herramientas ni soluciones para este tipo de situaciones”, declaró Cruz Pech.

Consideró también que existe una deuda pendiente de las autoridades con las plataformas a las que se suben estos materiales íntimos para ser difundidos e incluso comercializados como pornografía, ya que varios permanecen activos.

Además, criticó que las campañas de prevención se dirijan principalmente a las mujeres para que no disfruten su sexualidad en el ambiente digital de forma responsable, al pedirles que eviten enviar fotos, en lugar de concientizar a los hombres para que no trafiquen con la intimidad de ellas.

“Las redes sociales a través de las plataformas digitales han sido un medio en el cuál nosotras podemos experimentar nuestra sexualidad con seguridad. Sí, lo tenemos que hacer de una manera responsable, pero es una corresponsabilidad entre las dos partes”, comentó.

Por ello recalcó que es importante que este tipo de delitos sí lleguen a tener una sentencia y pasen por un proceso legal finalizado.

Al recordar el caso de Mónica, joven cuyas imágenes íntimas fueron difundidas cuando era menor de edad y pese a la denuncia formal y un proceso de dos años no se ha ejercido acción penal en contra de los responsables, hizo énfasis en que este tipo de situaciones genera que las víctimas eviten interponer su querella al ver que no hay herramientas para garantizar la justicia.

Por otra parte, dijo que no es suficiente con encerrar al agresor pues también se debe garantizar a la parte afectada que el material sea bajado de la red, otorgarle acompañamiento emocional gratuito y una disculpa pública, además de concientizar al victimario sobre el daño que ocasionó.

Finalmente, dijo que la Fiscalía de Yucatán debe recibir mayor capacitación y obtener las herramientas necesarias para poder rastrear los portales que difunden contenido íntimo sin autorización, así como sensibilizar a las instituciones para que no revictimicen a las afectadas. (Foto de iStock)