Los implicados serían funcionarios del Registro Civil. Preparan denuncias en su contra 

Por Herbeth Escalante 

Mérida, Yucatán, 15 de marzo de 2025.- El Gobierno de Yucatán informó que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado y una denuncia Administrativa ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría General, por la expedición de actas apócrifas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, por parte de funcionarios del Registro Civil.

Se averiguó que varios de esos documentos falsos habrían sido vendidos a personas indocumentadas, principalmente de Centroamérica. Se habría utilizado papel oficial de esa dependencia, pero con datos falsos. 

El Gobierno del Estado informó que los servidores públicos implicados en este delito habrían incurrido en faltas graves de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, que pueden derivar en sanciones administrativas como su destitución, inhabilitación, o sanciones económicas, además de las de tipo penal.

En el edificio central del Registro Civil se observaron inicios de sesión irregulares en el registro de movimientos, del histórico de inicio de Sesión de cuentas del Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID).

Al revisar dicho registro, se advirtieron cuentas de usuarios que fueron inhabilitadas o creadas sin consentimiento, detectando una vía común entre el uso de estas cuentas, siendo los dispositivos de cómputo asignados al departamento de Informática del Registro Civil.

El Gobierno Estatal, a través de la Consejería Jurídica, señaló que, para evitar que continúe el mal uso de las cuentas, fueron nuevamente desactivadas; sin embargo, se observó un nuevo intento de inicio de sesión con las cuentas anteriormente mencionadas, el cual fue evitado mediante las medidas que se tomaron.

Se destaca que entre las irregularidades encontradas están el uso indebido de cuentas de usuarios inhabilitados del Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID), actas apócrifas, expedición de actas sin facultades legales, falsificación de documentos oficiales, falta de integración de la documentación requerida y posible daño patrimonial o afectación a terceros.

Aunque el Gobierno Estatal no lo especificó, la falsificación de documentos habría incidido en la administración panista anterior y fue descubierta en el inicio de ésta.