Además, Santos May Tinal presentó una queja administrativa en contra de magistrados federales por cometer diversas anomalías para favorecer las impugnaciones del gobernador.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 5 de julio de 2022.-El juez de control Santos Alfredo May Tinal dio a conocer que ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción del amparo indirecto que promovió en contra del proceso de designación de los nuevos magistrados de Yucatán. De hecho, entre sus actos reclamados pide que se deje sin efectos esos nombramientos, argumentando que se realizaron sin seguir reglas constitucionales y que dichas personas no cumplen con los requisitos de idoneidad.

Además, informó que presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura federal en contra de la Juez Cuarta de Distrito y de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativo del Décimo Cuarto Circuito Judicial de Mérida, por diversas irregularidades cometidas para favorecer las impugnaciones presentadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Como hemos dado seguimiento en Haz Ruido, tras la Reforma Judicial y el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el juzgador yucateco promovió un amparo en contra del mandatario panista y el Congreso del Estado por la omisión de aplicar criterios y reglas claras para establecer el perfil idóneo y de excelencia para la integración de ternas de los candidatos a magistraturas.

En su demanda, May Tinal señala que hubo discriminación porque en ese proceso de selección no fue tomado en cuenta, a pesar de que cuenta con carrera judicial y capacidad profesional en el desarrollo de la actividad jurisdiccional.

Aunque en un principio obtuvo la suspensión provisional, el Gobierno del Estado presentó una queja para echarla abajo y promovió otra impugnación en contra  de la admisión del amparo, la cual fue aceptada a pesar de que la única autoridad que puede recurrir a este recurso es una ejecutadora, como el Congreso, no una ordenadora como el Ejecutivo.

En este último punto, declaró que es preocupante que ya sea por ineptitud o por corrupción, dicho Tribunal Colegiado admitió la queja de Vila, lo cual es un hecho reprobable e ilegal.

Por si fuera poco, el mismo Tribunal federal ha cometido una serie de irregularidades que atentan contra la independencia judicial al analizar las impugnaciones del gobernador, evidenciando cierto favoritismo, como por ejemplo, que le aceptó un informe –relativo al incidente de violación a la suspensión provisional- de manera extemporánea, es decir, no lo hizo en los tres días hábiles dispuestos.

“El informe apareció de manera mágica, a pesar de que el plazo había fenecido y no había registro de su respuesta en la Oficialía de partes, en la Secretaría del Juzgado ni en las libretas en las que se llevan los registros correspondientes”, explicó en rueda de prensa.

Otra anomalía que denunció May Tinal es que los magistrados del Tribunal sesionaron un viernes 10 de junio a las 7 de la noche, es decir, en un día y en una horario que no tienen destinados para atender esos asuntos, con la única finalidad de revertir de inmediato la suspensión provisional y para que de esta manera el gobernador pudiera continuar con el procedimiento de selección de magistrados afines.

Al respecto, el juez de control sostuvo que es evidente la subordinación de los magistrados federales al gobernador Mauricio Vila, por eso mismo viajó a la Ciudad de México el pasado 1 de julio para interponer una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura. 

En esa misma fecha, solicitó a la Suprema Corte que ejerza su facultad de atracción del amparo indirecto para que analice el tema a fondo, por lo que confía que en caso de que lo acepte y la determinación le favorezca, se revertiría la designación de los nuevos magistrados.

Apuntó que hizo esa solicitud porque su demanda guarda relación con la acción de inconstitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Reforma Judicial de Vila, la cual se discutirá en ese Máximo Tribunal.

“Consideramos que este tema no se ha ventilado nunca en la Corte, no hay precedentes sobre la facultad que tiene el gobernador (en las selección de candidatos), y si puede ignorar las disposiciones constitucionales estatales y federales, las cuales establecen un rango de preferencia en las designaciones, es decir, que se atenderá preferentemente a la carrera judicial y la idoneidad o probidad del desempeño de la función jurisdiccional”, abundó.

May Tinal cuestionó por qué si en las Constituciones se marcan dichos lineamientos, el gobernador eligió otros perfiles administrativos antes que jurisdiccionales, ignorando por completo a los jueces locales y sus trayectorias.

Agregó que uno de los actos reclamados en la demanda de amparo es dejar sin efecto todas las ternas que hayan sido seleccionadas “bajo lineamientos defectuosos” o que no siguieron las reglas constituciones. Es decir,  las magistraturas designadas también podrían echarse abajo.

El juez advirtió que el Gobierno del Estado no ha dimensionado el alcance que pudiera tener este asunto en la Corte, ya que en caso de que obtenga el amparo, algunos abogados podrían solicitar la revocación de sentencias de los nuevos magistrados al considerar que estuvieron viciadas de origen, “porque al no tener perfiles idóneos, sus resoluciones no son idóneas”.

Declaró que el tema no es menor, pues está en juego el futuro de la justicia local en Yucatán, ya que el gobernador pretende apoderarse y controlar el Poder Judicial. De hecho, enfatizó que la Reforma aprobada hace unos meses le dio a Vila la oportunidad de colonizarlo, capturarlo y conquistarlo.