La diputada Alejandra Novelo planteó que se tipifique como delito en el Código Penal para castigar a los servidores públicos que piensan que sus intereses individuales están por encima de los del pueblo.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 13 de septiembre de 2023.-La coordinadora de la bancada de Morena, Alejandra Novelo Segura, presentó una iniciativa para tipificar la corrupción como un delito en Yucatán y castigar a quien lo cometa hasta con 14 años de cárcel.

Al hacer uso de la Tribuna del Congreso local, señaló que uno de los pilares de la Cuarta Transformación es el combate a la corrupción y que esa una de las principales heridas que hay que sanar para recuperar la confianza del pueblo mexicano. 

“El 66% de los mexicanos piensan que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho un buen trabajo para combatir la corrupción. Es la corrupción la que hace perder la confianza en las instituciones y es parte de los factores que generan las crisis de legitimidad de los gobiernos. Es por ello por lo que el Gobierno de México y la 4T se han puesto como estandarte su erradicación”, expuso.

La legisladora explicó que el Poder Judicial ha reconocido el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y que entidades como la Ciudad de México la han catalogado como un tipo penal específico, además de que existe una reforma constitucional federal que la señala como delito grave meritorio de prisión preventiva oficiosa. También existen una serie de sanciones administrativas y penales, pero dijo que son poco específicas y no se delinea la corrupción como hecho delictivo.

Por tal razón, su iniciativa busca adicionar un artículo 249 bis al título décimo tercer del Código Penal local, para tipificar la corrupción. De esta manera, se propone que comete este delito “la persona servidora pública que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir, o se abstenga de realizar lo que esta le prohíbe para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, para sí o para favorecer a un tercero”.

Novelo Segura de igual manera planteó que se castigue con 2 a 8 años de cárcel, multa de 500 a mil días, e inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones,  cuando los efectos del acto de corrupción no superen el valor de las 5 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA).

Además, que la pena privativa de la libertad sea de 7 a 14 años cuando se exceda ese monto.
Alejandra Novelo declaró que al establecer la corrupción como un hecho delictivo concreto, la ciudadanía contará con mejores elementos para exigir cuentas a las y los servidores públicos y para que estos sepan que “si piensan en sus intereses individuales por encima de los del pueblo, esa acción tendrá una consecuencia penal”.