Ni perdón a agresores, ni fraude por pensión alimenticia
El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para que no se puedan retirar las denuncias en contra de las personas que cometan delitos de violencia familiar.
Además, se duplicarán las sanciones a quienes realicen fraude para no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijas e hijos.
Por Redacción.
Mérida, Yucatán, 28 de mayo de 2020.-En la sesión del Pleno de ayer, diputadas y diputados aprobaron cambios al Código Penal para que no se pueda otorgar el perdón a las personas que cometan delitos de violencia familiar, además de que se duplicarán las sanciones a quienes realicen fraude para no cumplir con la pensión alimenticia de sus hijas e hijos.
Las y los legisladores avalaron por unanimidad la modificación del artículo 115 del Código, que establece que no procederá el perdón del ofendido para otorgarlo en los casos de violencia familiar y su equiparable. Es decir, no se podrán retirar las denuncias en contra de quienes cometan este delito.
“Con esto se evitaremos la impunidad e incluso que las personas agredidas, principalmente mujeres, sean obligadas a perdonar a su victimario bajo diversas presiones. Se acabó, la violencia familiar en Yucatán deberá seguirse hasta sus últimas instancias”, declaró Luis Borjas Romero del PRI.
En la misma sesión legislativa, se aprobó por unanimidad las reformas a las fracciones V, VI, y adición de la VII al artículo 325, también del Código Penal, en materia de fraude tratándose de la insolvencia voluntaria del deudor alimentista.
Al respecto, Borjas indicó que lo se busca es que quienes tengan la obligación de cumplir mediante una pensión alimenticia fijada por los jueces familiares, no se salgan con la suya y evadan esa responsabilidad.
Sobre este mismo punto, la priísta María Moisés Escalante explicó que el dictamen plantea duplicar la sanción cuando una persona cometa el delito de fraude, simulando un estado de insolvencia con objeto de eludir las obligaciones que tenga frente a sus acreedores y se hiciera con la intención de afectar las resoluciones en materia de pensión de alimentos.
